En un contexto de recaudación tributaria en rojo en el Perú (-6,3% de enero a abril de 2024 en comparación con el mismo período en 2023), se revela que las grandes empresas del país acumulan deudas que superan los S/28.325 millones, según informó Gerardo López González, titular de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), con datos actualizados al 30 de abril.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, López detalló que del total de deudas, el 86,9% (equivalente a S/24.621 millones) está en disputa y sin resolución, lo que impide su cobro por parte de la Sunat. Además, mencionó que solo el 0,1% de las deudas surgió de declaraciones de las empresas ante la Sunat, mientras que el restante 99,9% fue detectado mediante labores de fiscalización.
En cuanto a la recaudación tributaria de abril, que experimentó un crecimiento del 4%, se destacó el cobro de una deuda de S/746 millones por parte de Telefónica, tras 20 años de litigio, como uno de los factores que contribuyeron a este resultado positivo. Sin embargo, en marzo, los ingresos netos del Gobierno central disminuyeron un 25%.
Respecto al manejo de las deudas impugnadas, Sunat cuenta con una estructura interna dedicada al control de los principales contribuyentes nacionales, especialmente grandes empresas en sectores como la minería y la construcción. Dichas deudas suelen pasar por tres etapas: reclamación, apelación y demanda ante un juez.
De las deudas en disputa, S/2.638 millones (11%) se encuentran en la etapa de reclamación, S/18.899 millones (77%) están en apelación ante el Tribunal Fiscal, y S/3.084 millones (12%) están judicializadas. Aunque Sunat proyecta resolver las reclamaciones en un máximo de seis meses, el proceso suele extenderse, con promedios de hasta tres años para resolver las apelaciones.
En cuanto a las empresas con mayores deudas tributarias, Minera Las Bambas lidera la lista con S/6.214 millones, seguida por Telefónica del Perú con S/4.975 millones. Esta situación refleja la complejidad y la extensión de los procesos de disputa tributaria en el país, que pueden prolongarse durante años hasta su resolución final en el ámbito judicial.