El aval de la Asamblea Legislativa para el plan denominado ‘»guerra contra pandillas» contó con 57 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una nueva prórroga del régimen de excepción impuesto por el Gobierno de Nayib Bukele para llevar a cabo su controvertida política de ‘guerra contra pandillas’ y que continúa vigente desde marzo de 2022.
El aval del Parlamento salvadoreño, que respalda en su mayoría a Bukele, contó con 57 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, a pesar de los continuos señalamientos sobre supuestos abusos policiales y violaciones de los derechos humanos que habría cometido la fuerza pública bajo el manto de la política de seguridad.
La extensión regirá durante otros 30 días contando a partir del próximo 11 de mayo, informó el presidente del Parlamento, Ernesto Castro, durante la primera sesión plenaria extraordinaria que realizaron los diputados de la legislatura 2024-2027.
El parlamentario indicó que los resultados de la política de seguridad de Bukele no se pueden medir únicamente con las estadísticas de la Policía Nacional. «Salvar una vida no tiene precio. Muchos salvadoreños se han librado de ser asesinados por las pandillas, sufrir extorsiones y secuestros. Se ha evitado luto y dolor a miles de familias y esto es algo que nunca vamos a poder contabilizar», dijo.
Por esa razón, Lira pide que se aplique una medida distinta que sustituya a la política excepcional y que, además, «promueva una cultura de respeto a la presunción de inocencia y el debido proceso legal».
¿Seguridad sin derechos humanos?
Un informe titulado ‘El modelo Bukele: seguridad sin derechos humanos. El Salvador a dos años del régimen de excepción’, que ha sido suscrito por varias organizaciones, resalta que entre marzo de 2022 y marzo de 2024 se presentaron 6.305 denuncias sobre presunta violaciones a derechos humanos.
Los abusos más señalados son las detenciones arbitrarias o ilegales con 5.931 casos, el 94 % de las víctimas.
La medida entró en vigor en medio de los múltiples homicidios ejecutados por pandilleros y ha sido la estrategia bandera del Gobierno de Bukele durante más de dos años en materia de seguridad, pese a que se trata de un decreto excepcional.