El presidente del Poder Judicial, el juez supremo Javier Arévalo, ha presentado ante el Congreso un proyecto de ley de reforma constitucional que busca otorgar a la Policía Nacional del Perú la facultad de detener preventivamente hasta por 15 días a personas implicadas en delitos graves como robo, extorsión, sicariato, secuestro y trata de personas.
En la actualidad, la Constitución solo permite la detención por dicho plazo a aquellos sospechosos involucrados en delitos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas e ilícitos cometidos por organizaciones criminales.
La iniciativa legislativa argumenta que esta ampliación del plazo de detención contribuiría a prevenir la impunidad y reducir la actividad delictiva al evitar la liberación de presuntos autores debido a la expiración del plazo de detención.
Se destaca que estos delitos han mostrado un índice considerable de comisión en los últimos cinco años, y que los plazos extendidos permitirían recopilar pruebas y llevar a cabo diligencias técnico-científicas esenciales en el marco de la investigación criminal.
Para el resto de los delitos tipificados en el Código Penal, el plazo de detención actual no puede superar las 48 horas, aunque se propone extender este período hasta 72 horas.
El propósito fundamental de esta reforma constitucional es proporcionar a la Policía Nacional y/o Ministerio Público las herramientas necesarias para abordar de manera efectiva estos delitos graves, evitando así la impunidad de sus autores y cómplices, y contribuyendo a mantener el Estado constitucional de derecho.
Además, se destaca la preocupación por la seguridad ciudadana en Lima, que ha sido catalogada como una de las ciudades más peligrosas del mundo debido a su alta tasa de criminalidad, según el Global Index. Este panorama subraya la urgencia de desarrollar estrategias más eficientes para reducir los índices de delincuencia que afectan a la ciudad.
