El ministro de Justicia, Eduardo Arana, admitió que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte no estaba al tanto del espionaje realizado por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) contra el contralor Nelson Shack. Según un informe publicado por La República, Shack informó incluso al ex primer ministro Alberto Otárola sobre la operación.
Arana, en una entrevista con Canal N, rechazó enérgicamente estas prácticas y exigió una investigación inmediata. Afirmó que ni él ni el Gabinete tenían conocimiento de la denuncia y que de haberlo tenido, habrían tomado medidas similares. También hizo un llamado a la Fiscalía de la Nación para que tome acciones legales contra los responsables.
El equipo de seguridad de Shack detectó un operativo sospechoso cerca de su residencia el 24 de octubre de 2023. Dos vehículos y un dron no identificados vigilaban la vivienda del contralor, y se descubrió que los vehículos estaban registrados a nombre de una compañía vinculada a un funcionario de la DINI. La República intentó obtener declaraciones de Otárola a través de su representante legal, pero no obtuvo respuesta.
Aunque se confirmó que los vehículos pertenecían a la DINI, se alega que en el momento del incidente estaban asignados a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIRIN).
Arana aseguró que la Contraloría nunca ha tenido conflictos con el Gobierno y descartó que represente un problema para ellos. También negó que el Gobierno sea corrupto y reafirmó su compromiso con la democracia.
Boluarte propuso a Pedro Cartolín, juez supremo provisional de la Corte Suprema, como nuevo contralor en reemplazo de Shack, cuyo mandato finaliza en julio. El proceso de nombramiento requerirá la aprobación del Congreso, que evaluará la idoneidad del candidato y votará su designación. Cartolín, un jurista con experiencia en el sistema judicial peruano, cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional.
