La presidenta Dina Boluarte concedió este miércoles la Orden del Trabajo al juez supremo Javier Arévalo, quien funge como presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial. El acto oficial tuvo lugar en el Palacio de Gobierno, con la asistencia del ministro Daniel Maurate, generando una ola de críticas.
El reconocimiento a Arévalo se fundamentó en su condición de ser el primer abogado especializado en derecho laboral en ocupar su posición, así como por sus relevantes contribuciones a la Ley Procesal del Trabajo, incluida una significativa reforma promulgada en 2023. Esta distinción se otorgó en un contexto en el que la presidenta enfrenta diversas investigaciones, actualmente en fase preliminar a nivel fiscal, las cuales eventualmente serán presentadas ante el Poder Judicial.
Aunque Arévalo no participa como juez en los casos relacionados con Boluarte, es el titular de la instancia suprema encargada de abordar dichas cuestiones. Además, su asesor principal es Pedro Angulo, quien fuera primer ministro y está siendo investigado por su presunta implicación en las muertes durante las protestas antigubernamentales tras la caída del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
La exjefa de Gabinete, Mirtha Vásquez, expresó su desacuerdo ante esta situación, calificándola de «descarada e ilegal». Argumentó que el Presidente del Poder Judicial no debería recibir distinciones de litigantes, haciendo referencia al artículo 40 de la Ley 29277. Este episodio ha generado un fuerte malestar, especialmente ahora que los familiares de las víctimas reclaman justicia.
La entrega de la condecoración fue objeto de críticas adicionales. Eduardo Herrera, consultor en estrategias contra la corrupción, la describió irónicamente como una «entrega de chapitas». Por otro lado, la periodista Jacqueline Fowks señaló la posibilidad de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) inicie una investigación sobre el juez por recibir beneficios de una persona bajo investigación.
Rosa María Palacios, abogada, recordó que según el artículo 40 de la Ley de la Carrera Judicial, está prohibido para los jueces recibir donaciones, regalos o beneficios de litigantes. Esta situación plantea serias interrogantes sobre la integridad del sistema judicial y la conducta ética de quienes lo integran.
En otro ámbito, se ha reportado un enfrentamiento entre Arévalo y la presidenta Boluarte a raíz de críticas hechas por esta última hacia un allanamiento realizado por la Fiscalía en su residencia y en el Palacio de Gobierno. Arévalo defendió el procedimiento legal llevado a cabo, indicando que se actuó conforme a la ley.
Mientras tanto, las investigaciones contra Boluarte continúan. Las acusaciones, que incluyen presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal en relación con la campaña electoral de 2021, también involucran al empresario Henry Shimabukuro, quien admitió haber financiado actividades de la presidenta durante ese período.
Además, se ha ampliado la investigación preliminar contra Boluarte en el ‘Rolexgate’, incluyendo el delito de cohecho pasivo impropio junto al de enriquecimiento ilícito. Se busca esclarecer el origen de los lujosos relojes exhibidos por Boluarte en eventos públicos, así como la omisión de declararlos en su patrimonio. Esta fase de la investigación también implica al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien ha admitido prestar estos artículos de lujo a la jefa de Estado y está siendo investigado por cohecho activo genérico.
