La decisión de los fiscales Rafael Vela y José Pérez de archivar una denuncia de la Superintendencia de Administración Tributaria y Aduanas (Sunat) contra Odebrecht, que implicaba una deuda de 568 millones de soles, ha desatado una serie de controversias y levantado sospechas sobre su conducta.
La polémica se inició en junio de 2019, cuando Vela, en plena negociación con Odebrecht para la firma del acuerdo de colaboración eficaz, solicitó a la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, atribuciones para evaluar denuncias relacionadas con temas tributarios de la empresa. Sin embargo, para entonces, la Sunat ya había interpuesto una denuncia penal contra exejecutivos de la constructora por evasión tributaria, acusándolos de ocultar ingresos y provocar la suspensión del pago de impuestos.
En respuesta a esta denuncia, José Pérez alegó el 25 de septiembre de 2019 que archivar la denuncia violaba el acuerdo de colaboración eficaz, cuya información se mantenía en secreto. No obstante, se descubrió que la Sunat ya disponía de indicios de evasión desde 2017, lo que invalidaba el argumento presentado por los fiscales.
Este hecho fue expuesto en un documento presentado en la Oficina de Integridad del Ministerio Público hace dos años y recién derivado a la Autoridad de Control en 2024. En dicho documento, se denunció que los fiscales vulneraron el derecho a una motivación adecuada al argumentar falsamente que se utilizó información del acuerdo confidencial con Odebrecht para favorecer económicamente a la empresa.
La Sunat apeló esta decisión y, aunque se presentó una acción de amparo, el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima ni siquiera la admitió, decisión que fue confirmada por la Primera Sala Constitucional de la capital. Sin embargo, en septiembre de 2023, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional ordenó admitir la demanda contra Vela y Pérez, reviviendo así el reclamo de la Sunat.
La Resolución 241-2024-ANC-MP-CIPPD, emitida el 18 de este mes y firmada por la fiscal adjunta suprema Patricia Rodríguez Aliaga, ha puesto bajo la lupa a los fiscales cuestionados, ordenándoles proporcionar los documentos que respaldaron su decisión de archivar la denuncia. Esta medida busca esclarecer los hechos y determinar si hubo irregularidades en el proceder de los fiscales.
