En relacion con el caso de Patricia Benavides
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficoop) realizó un registro en la residencia del periodista Juan Carlos Tafur, como parte de la operación Valkiria XI, vinculada al caso de Patricia Benavides, fiscal suspendida del país.
En la incursión, se confiscaron teléfonos móviles y computadoras portátiles pertenecientes a Tafur, su esposa, empleados y chofer, según afirmó el director general del portal Sudaca.
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Tafur denunció el allanamiento como un abuso y persecución fiscal prolongados, relacionándolos con intentos previos de vincularlo a abogados y con la publicación de informes periodísticos críticos sobre el sistema judicial. Además, sostiene que las acusaciones en su contra carecen de fundamento y constituyen una represalia por su labor informativa.
El periodista sostiene que las acusaciones en su contra carecen de fundamento y son parte de una persecución política por sus publicaciones periodísticas.
Este allanamiento es una clara amenaza a la libertad de expresión. El registro de la vivienda del periodista, la confiscación de dispositivos electrónicos y la persecución prolongada son claros intentos de intimidación destinados a silenciar su labor periodística crítica. La libertad de expresión es un derecho fundamental que debe ser protegido para garantizar una sociedad democrática y pluralista. La utilización de acciones legales o administrativas para coactarla socava los cimientos de la democracia y el estado de derecho.
