La disputa entre Cosco Shipping y la Autoridad Portuaria Nacional (APN) sobre la exclusividad de servicios en el Puerto de Chancay resalta una cuestión central: el respeto a los acuerdos comerciales y la importancia de fomentar la existencia de puertos privados en el desarrollo económico del Perú.
Por un lado, el acuerdo de exclusividad entre Cosco Shipping y la APN, firmado hace 3 años, ha sido un factor crucial para atraer inversiones significativas hacia el proyecto de Chancay. Con una inversión inicial de 1.300 millones de dólares, la empresa china ha demostrado su compromiso con el desarrollo de una infraestructura portuaria multipropósito de importancia regional. Sin embargo, la APN sostiene que carecía de la autoridad legal para otorgar tal exclusividad, lo que plantea interrogantes sobre la competencia justa en la prestación de servicios portuarios esenciales.
En este sentido, es fundamental encontrar un equilibrio entre el respeto a los acuerdos comerciales establecidos y la promoción de un entorno competitivo equitativo en el mercado portuario. Revocar unilateralmente el acuerdo socavaría la seguridad jurídica y la confianza de los inversores en el clima de negocios del país, lo que a su vez podría tener repercusiones negativas en el desarrollo económico a largo plazo.
Es necesario ver la importancia de fomentar la existencia de puertos privados en el Perú como un medio para mejorar la eficiencia operativa y promover la competitividad en el comercio internacional. Los puertos privados ofrecen una alternativa valiosa a los puertos públicos, permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión y una capacidad de inversión más ágil.
Es crucial que las autoridades adopten un enfoque equilibrado que reconozca la importancia de respetar los acuerdos comerciales existentes, al tiempo que promueve un entorno propicio para la inversión en infraestructuras portuarias. La resolución de la disputa en Chancay no solo determinará el futuro de este importante proyecto portuario, sino que también sentará un precedente para la protección de los derechos contractuales y la promoción de la inversión privada en el desarrollo económico del país. En última instancia, encontrar un punto medio entre la competencia y el compromiso será esencial para garantizar un crecimiento económico sostenible y equitativo en el Perú.
