Política

Segunda moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte anunciada: «Imposible blindarla o sostenerla»

Roberto Sánchez, legislador de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú, anunció el miércoles que impulsarán una segunda moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Esta medida surge a raíz de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito debido a la revelación de su colección de relojes de lujo, incluyendo al menos cuatro Rolex.

Esta segunda solicitud de destitución llega apenas una semana después de que Perú Libre comenzara a recolectar las 33 firmas necesarias para respaldar el documento. La decisión de Sánchez se da horas después de que el fiscal supremo Hernán Mendoza revelara que Boluarte no se presentó a testificar sobre la investigación preliminar del caso ante el Ministerio Público.

Mendoza afirmó que la ausencia de Boluarte frustró la exhibición de los relojes implicados en la investigación y la declaración indagatoria, programadas para el martes y la mañana siguiente. Ante esta situación, el parlamentario expresó: «Está clarísimo que la señora presidenta no quiere declarar. Eso le hace mal a la democracia, a la gobernabilidad y al país. […] Es una segunda moción y veremos cómo se logra un consenso».

La Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaración de bienes después de que se revelara que Boluarte posee unos 15 relojes, algunos de ellos de lujo, sin haberlos declarado ante la autoridad electoral. La presidenta confirmó la posesión de un Rolex valorado en 14.000 dólares, argumentando que son artículos de «antaño» y producto de su «esfuerzo». Sin embargo, un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera encontró más de un millón de soles de origen desconocido en sus cuentas.

La primera moción presentada ya cuenta con 20 de las 33 firmas reglamentarias necesarias para su presentación ante la Oficialía Mayor del Parlamento. Mientras tanto, la defensa legal de Boluarte ha solicitado reprogramar las diligencias debido a la «recargada agenda de actividades del Despacho Presidencial», lo que el fiscal general, Juan Carlos Villena, considera un «indicador de rebeldía».