El Ministerio del Interior parece emular las prácticas del Ejército del Perú al favorecer a empresas armamentísticas mediante la reciente adquisición de fusiles. Una investigación difundida este domingo 24 de marzo ha expuesto las maniobras entre el Ministerio del Interior, dirigido por Víctor Torres Falcón, y la empresa israelí Emtam Karmiel, a la que se solicitó un total de 7.000 fusiles para la Policía Nacional del Perú por un valor de US$24 millones.
A primera vista, esta transacción no levanta sospechas, pero el informe elaborado por los periodistas Ángel Páez y Doris Aguirre, detalla una serie de acuerdos y negociaciones que han conducido a una rápida adjudicación por parte del Comité de Evaluación del Ministerio del Interior, instalado recientemente por la Secretaría General de dicha institución. Este comité, en poco tiempo, concluyó el proceso de selección.
Sin embargo, las revelaciones indican que la empresa israelí Emtam Karmiel fue elegida para suministrar los fusiles sin que ninguna otra entidad haya presentado propuestas. Además, según fuentes internas del Ministerio del Interior, la adjudicación se produjo sin realizar pruebas de evaluación exhaustivas, como pruebas de precisión y resistencia entre diferentes modelos de fusiles, lo cual plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso.
El uso de la modalidad «de gobierno a gobierno» para esta contratación, sin alternativas competitivas, ha generado señalamientos de posibles irregularidades. Hasta la fecha, no se ha informado sobre la presentación de otras ofertas. Este enfoque ha llevado a seleccionar un modelo israelí, apodado «Low Cost», sin considerar aspectos operativos, de precisión y técnicos relevantes.
La próxima publicación de un Decreto Supremo por parte del Gobierno de Dina Boluarte para oficializar la compra agrava la situación. Este documento autorizará al Ministerio del Interior a suscribir un acuerdo de Estado a Estado para la adquisición de los fusiles, lo que implica un respaldo gubernamental a esta controvertida decisión.
Es crucial destacar que, hasta ahora, el Ministerio del Interior no ha proporcionado respuestas a las solicitudes de información sobre este asunto. Mientras tanto, el proceso aguarda la firma de la presidenta y el ministro para su efectividad. Si se lleva a cabo, el Perú habrá gastado millones de dólares en armamento de dudosa calidad en medio de una crisis económica, utilizando recursos que pertenecen a todos los ciudadanos peruanos.
