Patricia Benavides, la fiscal de la Nación suspendida, ha hecho su regreso público este jueves a través de un clip enviado a los medios. En este video, califica las diligencias llevadas a cabo por el Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) como «incipientes». Este equipo está investigando una presunta red criminal de tráfico de influencias en el Ministerio Público, supuestamente liderada por Benavides.
La fiscal replicó la decisión del juez Juan Carlos Checkley del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, quien recientemente rechazó la solicitud de tutela de derechos presentada por la defensa de Benavides. Esta solicitud buscaba evitar que la fiscal suprema Delia Espinoza continuara investigando a Benavides por presunta organización criminal y otros cargos.
Benavides criticó la decisión del juez, destacando que las diligencias del Eficcop son consideradas incipientes y no constituyen elementos de prueba concluyentes. Sin embargo, estas diligencias han resultado en su suspensión del cargo. El juez determinó que Espinoza es la única autoridad competente para llevar a cabo la investigación, ya que tanto el fiscal de la Nación actual, Juan Carlos Villena, como Pablo Sánchez se han excusado del caso.
La ex fiscal también cuestionó la decisión de Sánchez de excusarse solo de una de las carpetas en las que está involucrada, instando a que se apartara de todas las carpetas relacionadas. Benavides enfatizó su demanda de respeto al debido proceso, algo que siempre ha considerado fundamental en su trabajo como fiscal.
La solicitud de tutela de derechos presentada por Benavides fue rechazada en su totalidad por el juez. Por ejemplo, había pedido que se excluyeran las pruebas obtenidas por el Eficcop, aunque estas no fueran consideradas como elementos de prueba, sino como una noticia criminal que inició la investigación preliminar.
Por esta razón, su ex asesor, Jaime Villanueva, ha declarado como testigo en el expediente a cargo de Espinoza. Solo tiene la condición de colaborador eficaz ante el Eficcop, que inició el caso que afecta a Benavides junto con la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía al realizar detenciones y allanamientos de viviendas y oficinas de sus ex asesores.
Se alega que esta organización buscaba influir de manera ilícita en las decisiones de los congresistas para la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Tras conocerse la investigación, Benavides destituyó a Marita Barreto, coordinadora del Eficcop, y luego afirmó que las pesquisas son un intento torpe de bloquear los casos que tiene abiertos contra los máximos representantes del gobierno por las muertes durante las protestas que se desarrollaron de diciembre a marzo pasado.
