El cobro que hicieron clínicas privadas por pruebas moleculares para la detección del covid-19, pese a que el Instituto Nacional de Salud las procesó gratis, es la punta del iceberg de una investigación más amplia que se debe llevar a cabo, dijo hoy la adjunta de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto.
Dicha investigación, indicó, debe abarcar el desempeño de las clínicas privadas en el contexto de la pandemia del covid-19 y determinar con claridad el rol de supervisión de SuSalud.
Indicó que corresponde a la Contraloría (que reveló la información en la víspera) seguir investigando y, en su momento, el Ministerio Público podría evaluar iniciar pesquisas en la medida en que se conozca más sobre el papel que han tenido tanto las clínicas como Susalud en esta pandemia.
De igual forma remarcó que tiene que cambiar la cultura del secreto y de no colaboración con las investigaciones, al recordar que nueve clínicas no respondieron a la Contraloría y menos mostraron los precios que cobraron a miles de personas, y que Susalud tampoco respondió.
Al tratarse de un servicio de salud, subrayó, las empresas privadas tienen que distinguirse por su transparencia y colaboración.
«Es inadmisible que en un contexto de pandemia no se brinde información a los usuarios. Tiene que haber información disponible en tiempo real sobre los precios de clínicas a usuarios», enfatizó en Panamericana Televisión.
Abanto precisó que esto último no implica un control de precios, sino un derecho a la información.
