El Ministro de Justicia de Perú, Eduardo Arana, ha aceptado una invitación del gobierno de Nayib Bukele para realizar un intercambio de experiencias en seguridad pública, específicamente en relación con el modelo carcelario salvadoreño. Este acercamiento se produce en medio de la implementación de un régimen de excepción en El Salvador desde 2022, como respuesta a un aumento de homicidios atribuidos a pandillas.
La visita de Arana, programada hasta el 24 de febrero, conlleva un gasto de US$ 4,720.77 del erario público, según una resolución suprema firmada por la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola. Este intercambio de experiencias busca fortalecer la implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030 en Perú, con el objetivo de mejorar la seguridad integral en las prisiones mediante mecanismos de control, inteligencia y coordinación interinstitucional.
Mientras Arana se encuentra en El Salvador, Raúl Pérez Reyes, titular de Transportes y Comunicaciones, asumirá sus responsabilidades. Este encuentro marca el primer acercamiento entre los gobiernos de Boluarte y Bukele, quien fue reelegido con un respaldo electoral del 84.6% para el período 2024-2029.
La política de Bukele, centrada en la lucha contra las pandillas, lo convirtió en el primer presidente reelegido en El Salvador desde el retorno a la democracia. La implementación de un régimen de excepción en 2022 buscó contrarrestar la amenaza de las pandillas, destacando la reducción de homicidios como principal activo para la notoriedad del mandatario según encuestas.
Sin embargo, críticos y organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado violaciones y abusos por parte de las fuerzas de seguridad en los penales durante este régimen. A pesar de las críticas y preocupaciones, la popularidad de Bukele se mantiene, y la inauguración del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en febrero pasado generó controversia por la falta de transparencia en su aprobación legislativa.
La construcción de esta nueva prisión ha despertado la inquietud de Amnistía Internacional, que expresó su preocupación por posibles abusos continuos. A pesar de las críticas, la imagen del mandatario salvadoreño no se ha visto afectada a nivel internacional.
En relación con el «Modelo Bukele», la presidenta Boluarte descartó la implementación de un modelo similar en Perú, subrayando la necesidad de abordar la criminalidad de acuerdo con las peculiaridades y particularidades del país. Este posicionamiento contradice la propuesta respaldada previamente por Alberto Otárola, quien sugería la posibilidad de adoptar ciertos métodos del enfoque salvadoreño.
