Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta Dina Boluarte, se ve envuelto en una nueva controversia después de que un reportaje en el programa Punto Final revelara que sus amigos fueron beneficiados con puestos en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (antes dirigido por la presidenta Boluarte) tras reunirse con él o incluso jugar un partido de fútbol.
Un compañero de Nicanor Boluarte, con quien compartía partidas de ‘pichanga’, fue designado como jefe de la oficina de Planeamiento e Inversiones del MIDIS. A pesar de haber sido citado por la Comisión de Fiscalización en noviembre de 2023 para explicar sus encuentros con el alcalde de Nanchoc, Nixon Hoyos, Nicanor optó por no comparecer. Ahora, congresistas de diversas bancadas demandan que la Comisión de Fiscalización del Parlamento lo obligue a asistir y lo cite nuevamente para indagar sobre su participación en la contratación de personal en ministerios como el MIDIS y la Presidencia.
Todos estos empleados fueron colaboradores del hermano de la presidenta durante su periodo como gerente general del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico) entre 2016 y 2018.
A pesar de las acusaciones, la presidenta Boluarte enfatizó la transparencia en el proceso de selección de servidores públicos, negando cualquier influencia suya o de su hermano en la colocación de personal en roles clave del gobierno.
En este contexto, el congresista José Cueto (Renovación Popular) sugiere que, en caso de una nueva citación y ausencia, se debería llevar al hermano de la presidenta por la fuerza al Poder Legislativo. Otro parlamentario, Alejandro Cavero, sostiene que la Comisión de Fiscalización tiene la responsabilidad de citar de grado o fuerza en estos casos.
Vivian Olivos, de Fuerza Popular, también insta al hermano de la presidenta a comparecer ante la Comisión, pero cuestiona la respuesta del presidente del grupo de trabajo, Wilson Quispe Mamani (Perú Libre), ante las denuncias contra Nicanor Boluarte, sugiriendo falta de contundencia.
Dina Boluarte, pese a nuevas evidencias, sigue defendiendo a su hermano, argumentando que él no es funcionario del Estado y que no tuvo injerencia en la selección de funcionarios en el gobierno actual, especialmente en roles cruciales.
