La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) modificó el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, según una resolución jefatural publicada en el diario oficial El Peruano. La enmienda establece la pérdida del financiamiento público para los partidos políticos con representación en el Congreso en caso de cometer una infracción catalogada como «muy grave». Hasta ahora, la pérdida de la subvención estatal solo ocurría en caso de reincidencia.
El artículo 36 de la Ley de Organizaciones Políticas define una infracción muy grave cuando un partido no presenta informes sobre aportaciones, ingresos y gastos durante una campaña electoral o en un periodo de información financiera anual. Los partidos deben rendir cuentas semestralmente después de recibir fondos públicos.
La falta muy grave también se configura si el partido señalado no subsana la infracción en el plazo establecido por la ONPE. Otras causales de pérdida del financiamiento público incluyen la imposibilidad de cobrar multas por insolvencia económica y la disolución constitucional del Congreso de la República.
El artículo 131 del reglamento detalla los criterios para graduar la sanción. La resolución añade un párrafo que destaca la reincidencia como un criterio relevante en la graduación de la multa y la pérdida del financiamiento público directo.
En caso de infringir las normas, se aplica un valor del 50% sobre el extremo mínimo de la multa, sin perjuicio de considerar otros criterios de graduación.
Desde que se asignaron fondos públicos a los partidos políticos en el Congreso en 2017, la ONPE ha impuesto multas, pero ninguna organización ha perdido el 100% del financiamiento estatal. El Partido Aprista perdió parte del financiamiento en 2017 por no presentar informes financieros en 2015.
El constitucionalista Alejandro Rospigliosi considera importante la norma pero insta a la ONPE a regular más el financiamiento público para evitar el mal uso de los fondos. Señala la necesidad de garantizar que se gaste de manera adecuada y critica contrataciones y salarios elevados, como el caso de Vladimir Cerrón. Un proyecto de ley presentado busca eliminar el financiamiento público a los partidos políticos para evitar el uso incorrecto de los fondos públicos y fortalecer la gestión pública.
