La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha expresado su descontento luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobara un informe que recomienda la destitución e inhabilitación de los jueces.
En un comunicado, la JNJ denunció esta acción como una nueva escalada por parte de un sector en el Congreso que busca socavar la autonomía de la institución y obstaculizar el cumplimiento de sus funciones constitucionales.
La controversia surge a raíz de cuestionamientos parlamentarios sobre la interpretación de la edad máxima para la permanencia de los miembros de la JNJ, especialmente en relación con la presencia de la doctora Inés Tello, quien ha superado los 75 años de edad.
El informe, liderado por el congresista Esdras Medina y respaldado por 14 votos a favor de las bancadas de Perú Libre y Fuerza Popular, ha sido criticado por la JNJ por carecer de imparcialidad. Se ha planteado la creación de una comisión investigadora para seguir los pasos de José Domingo Pérez, Rafael Vela y Pablo Sánchez.
Estas acciones han suscitado preocupaciones sobre la violación del principio de imparcialidad establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, se alega que el informe no cumple con el derecho a la debida motivación, ya que no considera los argumentos presentados en defensa de la JNJ.
La JNJ ha reafirmado su compromiso con la defensa de su autonomía y función constitucional, destacando que cualquier intento de destituir a su miembro, Inés Tello de Ñecco, por motivos no contemplados en la Ley Orgánica, constituiría una violación a la Constitución.
La institución sostiene que la controversia sobre la permanencia de Tello de Ñecco se basa en un informe que sugería su vacancia y la convocatoria de un suplente, lo cual habría implicado un recorte arbitrario de su mandato. La JNJ argumenta que ninguna condición para el cese de sus miembros hace referencia a la edad como motivo válido y que proceder de esa manera constituiría un abuso de autoridad.
En resumen, la JNJ se mantiene firme en su posición de salvaguardar sus principios, autonomía y el marco legal que protege la integridad de sus miembros frente a decisiones que considera arbitrarias.
