Un panorama alarmante se presenta en Perú: más de 340 mil armas de fuego circulan sin registro oficial, alimentando la crisis de inseguridad que azota al país. Esta cifra, proporcionada por Víctor Manuel Quinteros, ex gerente de la SUCAMEC, revela un aumento considerable en comparación con las estimaciones previas.
En 2017, Small Arms Survey calculaba que existían 267 mil armas sin registro en Perú. La cifra actual, un 27% mayor, evidencia la magnitud del problema. El desvío de estas armas hacia la delincuencia, la minería ilegal y las organizaciones criminales es una grave amenaza para la seguridad pública.
El tráfico ilegal de armas incluye fusiles AR-15, de gran potencia de fuego. Desde 2021, se han importado casi 2 mil unidades, algunas con fines cuestionables. Individuos han comprado hasta 32 fusiles, alegando uso deportivo o de caza, lo que genera dudas sobre su destino final.
La frontera entre Perú y Ecuador facilita el tráfico de armas. Las redes de apoyo logístico de las organizaciones criminales operan en la zona, dificultando el trabajo de las fuerzas de seguridad. El camuflaje de armas entre productos agrícolas complica aún más la detección.
Walter Astudillo, nuevo titular de Defensa, tiene la tarea de fortalecer la inteligencia y la cooperación binacional para combatir el crimen organizado y el tráfico de armas. Se necesitan mecanismos más eficientes para el registro de usuarios y la vigilancia del comercio de armas.
Jorge Chávez Cresta y el Comandante General del Ejército, Cesar Briceño Valdivia, han sido cuestionados por el supuesto tráfico de armas al Ecuador y la compra de fusiles de asalto IWI ARAD 7.
El control del tráfico y la tenencia ilegal de armas es un desafío urgente para el gobierno peruano. La seguridad pública y el bienestar de la población dependen de medidas contundentes para frenar este flagelo.
