El recien nombrado embajador peruano en Estados Unidos, Alfredo Ferrero Diez-Canseco, se encuentra en el ojo del huracán a raíz de su presunta implicación en la adjudicación de dos tramos de la carretera IIRSA Norte a la compañía Odebrecht. La hipótesis fiscal sugiere que Ferrero Diez-Canseco, en ese momento parte del Consejo Directivo de Proinversión, habría facilitado este proceso a pesar de que la empresa brasileña estaba impedida de contratar con el Estado debido a procesos legales pendientes.
Según la Contraloría, al momento de la adjudicación, Odebrecht tenía restricciones legales que la prohibían contratar con entidades estatales. A pesar de estas limitaciones, el Consejo Directivo, en el que Ferrero Diez-Canseco tenía un papel activo, resolvió otorgar la buena pro a la compañía brasileña para los tramos de la carretera IIRSA Norte. Este hecho ha suscitado inquietud y cuestionamientos sobre la ética en la toma de decisiones en el ámbito de las contrataciones públicas.
Aunque se mantiene la presunción de inocencia, las acusaciones en curso se suman a la carga de cuestionamientos sobre la designación del embajador y subrayan la urgencia de una explicación por parte del gobierno de los criterios usados para este nombramiento. La sociedad espera respuestas claras por parte del gobierno para esclarecer la situación y garantizar que las instituciones no se vean comprometidas por presuntos actos de corrupción.
Veremos cómo el poder ejecutivo responderá a esto, cómo impactarán los cuestionamientos en la posición diplomática de Ferrero Diez-Canseco en Estados Unidos. La sociedad espera que se aborden estas preocupaciones de manera transparente y eficaz para salvaguardar la reputación del país y restaurar la confianza en sus representantes.
