Según el exministro del Interior, Dimitri Senmache, las resoluciones supremas que dan por concluido el nombramiento de Jorge Angulo como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) y designan en su reemplazo a Víctor Zanabria son consideradas ilegales.
Senmache advierte que el Gobierno de Dina Boluarte ignoró completamente la Ley 31570, promulgada por insistencia por el Congreso como respuesta a los constantes cambios realizados por el exmandatario Pedro Castillo en la Comandancia General de la PNP.
Esta normativa establece que el mandato del jefe de la PNP es de 2 años y enumera diversas causales por las cuales dicho período puede interrumpirse, como la muerte, solicitud de retiro, incapacidad física permanente, infracciones graves, comisión de delitos dolosos o flagrantes.
En la resolución suprema que destituye a Jorge Angulo, el Gobierno argumenta que no cumplía con asegurar la calidad del servicio policial y señala su gestión en la Comandancia General como responsable del fracaso de los estados de emergencia decretados desde la segunda mitad de 2023.
Dimitri Senmache califica la remoción de Angulo como «totalmente ilegal» por no respetar la Ley 31750. Asegura que la salida no sigue los estándares adecuados, culpando a una sola persona por la inseguridad ciudadana y negligencias, sin sustento. Recuerda que la Ley 31750 fue promulgada para evitar manipulaciones políticas en el Alto Mando de la Policía.
Jorge Angulo, excomandante general, afirma que su salida se debió a su defensa de la institucionalidad ante el intento del Ministerio del Interior de interferir en el proceso de colocación de oficiales. El ministro Víctor Torres había solicitado postergar la publicación de colocación de oficiales, sin éxito, alegando movilizaciones, pero se rumorea que el verdadero motivo era beneficiar a efectivos de su confianza.
