El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) ha solicitado una investigación exhaustiva y la imposición de sanciones a quienes sean responsables de estas prácticas, las cuales representan un atentado contra la labor de los periodistas que supervisan la actuación del poder político en el ámbito judicial.
La gestión de la fiscal suspendida Patricia Benavides ordenó la vigilancia y la interceptación de llamadas de los periodistas Juan Carlos Tafur y César Romero, en represalia por la publicación de reportajes críticos sobre decisiones de Benavides. Este seguimiento se llevó a cabo de abril a noviembre del año pasado por orden del fiscal Andy Rodríguez. A pesar de que la investigación se mantuvo en secreto, el fiscal Cristhian Alfaro la archivó, argumentando el riesgo de criminalizar la libertad de información.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) condenó estas acciones, instando a la investigación y sanción de los responsables, y resaltando el atentado contra el trabajo de periodistas que fiscalizan el poder político en la justicia. Aunque Benavides está vinculada a un presunto tráfico de influencias, no enfrenta acusaciones formales debido a su fuero especial. Su exasesor, Jaime Villanueva, colabora con las investigaciones, admitiendo coordinaciones bajo órdenes directas de Benavides.
En un giro adicional, la vivienda de Hernán Garrido Lecca, exministro de segundo gobierno de Alan Garcìa, fue allanada relacionándolo sin mayor sustento con el nombramiento de Benavides y la suspensión del fiscal Rafael Vela, líder del equipo especial que investiga el caso Lava Jato. Estos eventos subrayan las tensiones y alegaciones de influencia indebida en el sistema judicial y la administración fiscal en Perú, generando preocupaciones sobre la integridad del proceso judicial y la autonomía de la prensa.
Estos acontecimientos reflejan un escenario complejo en el que la gestión de Benavides, suspendida y vinculada a prácticas controvertidas, ha desencadenado críticas y levantado dudas sobre la independencia del sistema judicial en Perú.
