Bajo el sello del Ejecutivo, ha sido promulgado un decreto que introduce enmiendas al recién reformado Código Procesal Penal, otorgando a la Policía Nacional del Perú (PNP) el poder de llevar a cabo intervenciones sin la presencia del Ministerio Público. Este controvertido movimiento ha provocado una respuesta inmediata por parte de la Junta de Fiscales Supremos, que, a través de una comunicación formal, ha manifestado su rechazo a las resoluciones emitidas el 21 de diciembre de 2023 durante la gestión de Dina Boluarte.
En el corazón de la controversia yace la figura de Dina Boluarte y su polémico decreto, un acto legislativo que busca mermar la autoridad de la Fiscalía de la Nación. La Junta de Fiscales Supremos, en un tono firme, ha destacado que estas modificaciones normativas «vulneran las funciones constitucionales» de la institución, y como respuesta, han decidido constituir una comisión encargada de evaluar acciones legales contra dichas disposiciones que limitan sus facultades.
El comunicado expresa claramente la posición de la Junta de Fiscales Supremos: «[…] los mismos que contienen normas que vulneran las funciones constitucionales del Ministerio Público, para lo cual se ha confirmado una comisión institucional que viene evaluando la interposición de las acciones legales pertinentes con el objetivo de hacer prevalecer el rol constitucional asignado al Ministerio Público.»
En un giro adicional, la Junta señala con preocupación que la gestión de Boluarte no convocó a ningún representante de la Fiscalía para expresar su «opinión o posición», a pesar de ser los titulares de las acciones penales en el país. Este hecho, según argumentan, contraviene el artículo 166 de la Constitución Política, el cual está intrínsecamente vinculado al inciso 4 del artículo 159 de la mencionada norma.
La declaración enfatiza que la Policía Nacional está sujeta al cumplimiento de los mandatos de la Fiscalía y subraya el compromiso continuo de la institución con su papel según lo establecido en la Carta Magna. En este contexto, hacen un llamado para que la Fiscalía no sea «afectada» de ninguna manera, sugiriendo que cualquier cambio en el Código Procesal Penal debe ser cuidadosamente considerado para no socavar su función principal y no convertirla en un mero instrumento sujeto a los dictados de otra entidad.
