Qué duda cabe que el Perú es un país eminentemente minero. En el año 2022, el país exportó un récord de 63,193 millones de dólares, de los cuales 42,033 millones (66%), correspondieron al rubro minero energético. A pesar que en las últimas décadas, diferentes sectores del país han realizado denodados esfuerzos por incrementar su exportaciones como el agrícola (USD 9,807 millones), el pesquero (USD 4,023 millones), químico (USD 2,345 millones) y el sider-metalúrgico (USD 1,638); el líder indiscutible sigue siendo la exportación de minerales, en especial el cobre, el oro, el zinc y el hierro, que representan el 88.5% del valor total de las exportaciones mineras.
Es una verdad innegable, que la riqueza de nuestro país nos brinda una oportunidad para salir del subdesarrollo en el que nos encontramos. Sin embargo, también es una verdad que los anti mineros han envenenado las mentes de miles de peruanos. A tal punto que hoy en día es muy difícil sacar adelante proyectos emblemáticos de la minería como Conga o Tía María. Ello se vuelve más complicado todavía al no contar con el apoyo del gobierno central como hemos visto la semana pasada.
A la debilidad del actual gobierno, tenemos que sumarle el activo y nefasto rol que han tenido muchas de las autoridades pasadas, como la ex primera ministra Mirtha Vásquez, el ex gobernador regional de Cajamarca Gregorio Santos, el ex congresista Marco Arana y una larga lista de comunistas y caviares que se oponen a la minería por su sesgo ideológico, sin tomar en cuenta el potencial de desarrollo para el país.
Ante esta realidad cabe preguntarse: ¿Cómo podemos hacer para que nuestra riqueza minera genere desarrollo y bienestar a los peruanos, sobre todo a los más pobres?
Teniendo en mente la frase que dice: “tenemos que pensar fuera de de la caja”, les comparto mi análisis para una posible salida a esta problemática.
Usemos como ejemplo el proyecto minero Tía María, ubicado en el desierto de La Joya, al norte de la ciudad de Cocachacra, en la provincia de Islay en la región Arequipa. Este proyecto se inició en el año 1994 con los primeros estudios de exploración minera. Han transcurrido más de 30 años, han muerto 7 peruanos a causa de las protestas y hasta el momento, el proyecto no produce una sola de las 150,000 toneladas de cobre que se estima como potencial de la vida útil de la mina.
Por lo tanto, el Estado peruano no ha recibido un sol en impuestos o regalías por canon minero, que debería estar pagando Southern Peru, dueña del proyecto, si se le permitiera operar. Los municipios de la zona y el gobierno regional de Arequipa tampoco reciben un centavo por transferencias del gobierno central por canon del proyecto Tía María para que puedan construir colegios, hospitales o siquiera equipar sus postas médicas para que puedan atender emergencias como la ocurrida con el congresista Guerra García, quien falleció por falta de atención médica.
En vista de la imposibilidad de desarrollo de este proyecto en las actuales condiciones, propongo que el gobierno opte por estatizar el proyecto minero Tía María. Una vez que el proyecto esté en manos “del pueblo peruano” como tanto reclaman los anti-mineros, se haría una licitación internacional por medio de la cual se dé en concesión el 60% del proyecto a un privado, ya sea Southern Perú o cualquier otro. Del 40% restante, el 25% estaría a nombre del gobierno central y el 15% a nombre de la región Arequipa.
De este modo, la empresa privada sería la arriesgue e invierta los miles de millones que se necesitan para poner en marcha este proyecto. Ello a a cambio de tener garantizada la “licencia social”, ya que el Estado peruano y la misma región de Arequipa, serían sus socios en la empresa a formarse.
¿Qué otros beneficios traería este esquema societario? La empresa pagaría los impuestos que corresponden por su operación, como impuesto a la renta, regalías, canon etc. Pero además, parte de las utilidades generadas a lo largo de la vida del proyecto, serían para el gobierno central (25%) y otra parte (15%) para la región.
Las utilidades del gobierno serían destinadas a la creación de un fondo soberano Perú, al mismo estilo que el fondo soberano de Noruega (el más grande del mundo con 1,400 millones de dólares en activos) para financiar las pensiones de los peruanos más pobres (previa reforma del sistema de AFP). Las utilidades de la región Arequipa se destinarían de manera específica al desarrollo de infraestructura en la zona de la mina y por qué no hasta se podría asignar una renta a los pobladores de la zona de influencia directa.
Siguiendo el esquema propuesto, los grupos que se oponen al desarrollo del proyecto minero, se quedarían sin piso ya que el “pueblo peruano” y el “pueblo arequipeño”, serían socios directos en el proyecto y se verían beneficiados de manera palpable con el mismo.
Estoy seguro que la empresa privada aceptaría ser socia del 60% de un proyecto rentable y con “licencia social”, en lugar de ser dueña del 100% de un problema que no tiene visos de solución. Como último comentario, debo aclarar que no estoy proponiendo estatizar todos los proyectos mineros del país. Al contrario, el privado es el único que debe hacer empresa en nuestro país. Sin embargo, en casos como Tía María, hay que ser más astutos que los anti-mineros y proponer esquemas innovadores que atraigan el interés de la población. No seamos un mendigo sentado en un banco de oro por culpa de los anti mineros.
Sígueme en Twitter en @urilandman para hacer llegar nuestra voz a todo el Perú.
