Desde que se presentó el proyecto, hasta su aprobación en la Comisión de Justicia, al menos tres congresistas han emitido posturas que se alejan de la real problemática que despoja a niñas de su infancia, las expone a violencia doméstica y las empuja a la deserción escolar, según Unicef.
Nueve meses después de que la legisladora no agrupada Flor Pablo presentara un proyecto de ley para eliminar el matrimonio infantil, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó el último viernes el dictamen que pone fin a las uniones con menores, una problemática que despoja a las niñas, las expone a violencia doméstica y las empuja a la deserción escolar, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
La decisión abre la puerta a que la iniciativa pueda ser derivada a la Comisión Permanente o que se debata en el siguiente pleno. Y, aunque Unicef celebró este “paso importante en las acciones necesarias para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes (NNA) en el país”, el único congresista que se abstuvo fue José Balcázar (Perú Bicentenario), acusado de contratar como asesor al juez que lo absolvió en un caso por difamación, y de libar licor durante la semana de representación.
A lo largo de su intervención, el parlamentario drenó una serie de absurdos para respaldar su postura frente a práctica que, legal o no, informal o consensuada, representa una de las formas más generalizada de abuso sexual, de explotación y de violencia, principalmente contra las niñas, de acuerdo con la agencia de la ONU.
En la última década, el país registró casi 5.000 matrimonios infantiles, 464 de los cuales involucran a menores de 16 años y seis, con menores de 11, 12 y 13 años. Todas mujeres, según datos del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) difundidos por La República. La entidad no respondió al diario cómo logró inscribir estas uniones ilegales. Aunque también hay niños que se casan antes de los 18 años, no es un cuadro común ni intervienen las mismas causales que para las niñas.
Uniones tempranas truncan los proyectos de vida de niñas y adolescentes. (Aldair Mejía/EFE)
“Resulta que el matrimonio en el Perú se ha vuelto disfuncional. Hoy la gente no se casa, todas son uniones de hecho. Desde los 14 ya están embarazadas las chicas. Con la ley queremos prohibir aquellas personas que resultan embarazadas siendo menores de edad, ¿pero cómo?, si el sexo lo mantienen más allá de lo que se ha dicho aquí —que, en algunos casos, los padres las venden a las chicas en la selva”, dijo Balcázar al justificar su abstención.
“En las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas, las relaciones sexuales son tempranas, y la medicina legal ha señalado que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer. El problema es cómo prohibir el embarazo, falta educación sexual ahí”, siguió.
Fue una postura casi calcada a la que emitió en noviembre de 2022, dos meses después de que Flor Pablo presentara el proyecto para revertir un Decreto Legislativo de 2018, que redujo a 14 años la edad de consentimiento para casarse, y prohibir o suprimir de la legislación cualquier posibilidad que lo permita. Entonces, el proyecto recién había entrado a debate, de modo que pasó a cuarto intermedio.
“Las personas de 14 años para arriba son sumamente maduras e inteligentes a estas alturas del siglo XXI. Lo ha demostrado la psicología y criminología: cuando no hay violencia, son relaciones saludables, vitales para el desarrollo psicofísico de las personas. Sugiero que este proyecto vuelva a ser estudiado”, dijo el legislador en ese momento.
En la misma sesión, Gladys Echaíz (Renovación Popular) emitió una mirada que distaba de la discusión de fondo y señaló que son prácticas comunes, pese a que empujan a las menores a asumir roles que no les corresponden, como replicó su colega Ruth Luque.
“Si miramos la realidad de nuestro país, vemos que los menores desde temprana edad forman familias. Negar esa realidad a través de un mandato legal, o imponer que esa realidad se modifique a través de un mandato legal, es medio complicado. Eso es materia de políticas públicas de manera preventiva, que tienen que ver con la familia, la escuela, etcétera, pero no en la limitación de derechos de la persona”, mencionó.
En otro momento, la exfiscal general cuestionó: “¿Qué pasaría si la pareja vive con normalidad, pero por la ley estarían impedidos de casarse? Esa persona [la mujer] no podría pedir alimentos, no podría suceder en caso de muerte de su concubino; no podría ser parte de la sociedad de bienes que puede generarse a raíz de la unión de hecho”.
Posteriormente, Flavio Cruz (Perú Libre) adujo que es un tema cultural de las zonas rurales, donde la práctica se torna habitual, precisamente, por el embarazo precoz (muchas veces a causa de abuso sexual), la violencia familiar y la pobreza, según expertos.
“No sé si se ha abordado […], pero los matrimonios jóvenes en la sierra y selva son bastante comunes. No ha habido mejor nivel de comprensión de ese vínculo que significaría una matriz para constituir una familia. Es bien complicado”, señaló.
A inicios de 2023, por estas posturas que se rehusaban a poner foco en una problemática mayor —como la convivencia entre niñas y adolescentes con hombres adultos—, la votación del proyecto se vio frustrada y el grupo parlamentario, presidido por Américo Gonza, creó una mesa de trabajo integrada por Balcázar, Cruz y Echaíz, a la que se unió también Wilson Soto (Acción Popular). A la fecha, no hay rastros de su trabajo.
“Creo que nunca se han reunido. Les he enviado un oficio incluso para que me hagan llegar su producto, pero nada. No han trabajado en realidad”, confirmó Gonza a La República. Lima, Loreto, Callao, Piura y Lambayeque son las regiones con los indicadores más altos de matrimonios infantiles en un país que en 2020 alcanzó un pico de 845 uniones, casi tres por día, según Reniec.
“El matrimonio para el NNA no va acorde con su desarrollo social, emocional y físico”, señaló a La República la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya cartera a la que pertenece —el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables— trabaja en otra propuesta normativa para prohibir la práctica.
De hecho, la eliminación en el horizonte de 2030 figura entre los Objetivos del Milenio, aunque Unicef advierte de que solo algunas regiones —principalmente las asiáticas— están mostrando progresos, mientras que África y Latinoamérica se mantienen casi estancadas en este aspecto en los últimos 25 años.
Un informe de la agencia ha adelantado que la región puede convertirse en el “segundo nivel más alto de matrimonios tempranos para 2030, solo superada por África subsahariana”.
* Tomado de Infobae
