El pleno del Congreso aprobó esta tarde acusar constitucionalmente e inhabilitar a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, para el ejercicio de la función pública por cinco años.
El documento que recomendaba inhabilitar a Ávalos Rivera por la presunta infracción constitucional del artículo 159 (inciso 4) de la Constitución Política, obtuvo 71 votos a favor, 15 en contra y ocho abstenciones.
Asimismo, el proyecto de resolución legislativa que acusa a la fiscal suprema por la presunta comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales fue aprobado con 73 votos a favor, 12 en contra y 8 abstenciones.
El expediente con la acusación constitucional será enviado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que proceda conforme a sus atribuciones, anunció el presidente del Parlamento, José Williams.
La denuncia fue impulsada por la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) y Javier Pacheco, ex procurador público especializado en delitos de corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). Asimismo, fue hecha suya por la parlamentaria Gladys Echaíz (Renovación Popular).
Durante su participación, Ávalos sostuvo que la denuncia en su contra carecía de fundamento constitucional y jurídico.
«La denuncia en mi contra no tiene ningún sustento ni fundamento constitucional jurídica, por el contrario se pretende cuestionar mis decisiones jurídicas y desempeño funcional en base a pareceres de índole político«, refirió.
Según el documento discutido hoy, la ex jefa del Ministerio Público habría decidido suspender las investigaciones preliminares iniciadas en enero de 2022 contra Pedro Castillo por los casos Provías, Petroperú y ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas.
Asimismo, se consideró la presunta inacción de Ávalos frente a diversos “hechos irregulares con características delictivas” que se habrían producido durante el mandato del ex mandatario. Entre ellos se mencionan presuntos pagos realizados por Karelim López a Castillo a través del ex secretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco.
Pronunciamiento de entidades
En mayo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) invocó al Congreso a la mayor reflexión respecto de la acusación constitucional contra la ex fiscal de la Nación.
«La justicia no puede ser afectada por la política, sin riesgo del quiebre de la autonomía de las instituciones«, señaló la JNJ en un comunicado.
Dicha institución subrayó que las imputaciones contra Ávalos Rivera «guardan relación con el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de la función fiscal, como expresión de su propia independencia».
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la denuncia constitucional y recordó que, conforme a estándares interamericanos, las garantías para salvaguardar la independencia judicial no solo protegen a jueces, sino también a fiscales.
«Los Estados les deben dotar de estabilidad en sus cargos como una consecuencia del rol fundamental que desempeñan en el acceso a la justicia. En tal sentido, es preciso que tanto jueces como fiscales cuenten con un adecuado proceso de nombramiento, protección contra presiones externas e inamovilidad en el cargo«, dijo la CIDH.
