El exjefe de Gabinete, incluido en la investigación por genocidio con Dina Boluarte, explicó que el comando operativo recae sobre los “oficiales que han sido capacitados” para seguir protocolos.
El expremier Pedro Angulo, incluido en la investigación preliminar por genocidio a raíz de las muertes en protestas, señaló este miércoles que la presidenta Dina Boluarte tiene comando sobre las Fuerzas Armadas, “pero no es operativo” como el que recae sobre los “oficiales”.
El exjefe de Gabinete habló un día después de que Boluarte fuera interrogada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, como parte del proceso por las víctimas del estallido social que sacudió el país de diciembre a marzo pasado.
“En el Consejo de Ministros se decidió la declaratoria de emergencia general, [porque] no puede ser específica. En cada uno de los lugares hay comandos o personas delegadas que analizan el escenario y, según la condición que tienen o el género de la violencia, dan respuesta”, dijo en una entrevista con RPP.
“La presidenta tiene un comando, pero no es operativo. El comando operativo lo tienen los oficiales, aquellos que han sido capacitados y que siguen reglamentos y protocolos. Entonces, no hay una vinculación directa [sobre las muertes]”, abundó.
En la víspera, Boluarte respondió durante tres horas en la sede principal de la Fiscalía de la Nación, que abandonó sin ofrecer ningún pronunciamiento, salvo unas declaraciones de su abogado, Joseph Campos. En la diligencia, Benavides fue asistida por el fiscal adjunto supremo, Marco Huamán, que investiga los casos abiertos contra altos funcionarios del Estado.
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En esta investigación también está implicado el primer ministro, Alberto Otárola; los extitulares del Interior, Víctor Rojas y César Cervantes, así como el actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.
“[Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional] tienen su propia ley, pero también sus propios protocolos. […] Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando, los protocolos los deciden ellos”, dijo Boluarte el mes pasado en una entrevista con El Comercio.
Angulo indicó, por su parte, que el Ejecutivo “siempre discutió que se cumplan los reglamentos”, sin emplear armas de fuego como las que apagaron la mayoría de vidas en choques directos con las fuerzas (al menos 49).
“El Gobierno no quería usar las armas contra los ciudadanos, no sé qué habrá pasado. […] Que puedan ocurrir muertes es una posibilidad, el tema de la responsabilidad es el que debe ser fijado por la Fiscalía y la Policía en las investigaciones formales”, agregó.
Para el expremier, los manifestantes buscaban “la caída del Gobierno”, aunque “no tenían intenciones” de diálogo. “Era imposible con quien no quería sentarse a hablar y escuchar. Entonces, las respuestas debían ser en esas condiciones”, señaló.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la violencia empleada por las fuerzas de seguridad produjo algunos casos de “ejecuciones extrajudiciales” y hasta una masacre. Para Amnistía Internacional, la muerte manifestantes muestra una “respuesta estatal deliberada y coordinada”, que, además, estuvo “ordenada o tolerada por altos cargos”. Sin embargo, Angulo desvirtuó estos hallazgos y señaló que provienen de organismos “agitadores”.
“Nosotros evaluamos que había una asonada que no tenía que ver necesariamente con demandas económicas y sociales […] sino que venían con propuestas ideológico-políticas en respaldo del señor Castillo”, explicó antes de considerar que, a la fecha, la incidencia de las protestas descendió porque “la gente se fue cansando”.
“Sabíamos que había dinero que había venido de la zona del Vraem [Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro], que había dinero venido de la minería ilegal y también probablemente de algunas personas que trabajaban para el Estado, por ejemplo, en la Subprefectura, que estaban perdiendo el poder”, acusó.
En esta jornada, Puno honró la memoria de los fallecidos con banderas negras y blancas en el día del emblema nacional, en recuerdo a la batalla de Arica de 1880. Sin embargo, ninguna autoridad política asistió a la ceremonia de izamiento.
En la ciudad de Juliaca, donde se produjo la jornada más sangrienta de las protestas con 19 decesos, hubo una gran marcha en la que se mostraban, además, fotos de los fallecidos. Por su parte, Boluarte encabezó un acto militar en el que pidió “decir no a la violencia, no a los extremismos, no a la demagogia”.
“Perú no quiere volver a las épocas oscuras que solo causaron dolor y sufrimiento. Para ello tenemos que estar despojados de diferencias ideológicas, políticas y cualquier otra índole. Hoy la única bandera es la de la salud, educación, inclusión social, democracia y patriotismo”, subrayó.
* Tomado de Infobae
