La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó declarar procedente y admitir a trámite la denuncia constitucional contra Betssy Chavez Chino, en su condición de congresista y exministra de Trabajo y Promoción del Empleo, por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y tráfico de influencias agravado.
A Chavez Chino se le imputa haber mantenido relaciones con el núcleo familiar Sotelo Villa, en función de su relación sentimental con Abel Sotelo Villa, por lo cual ejerció presión e influencia para hacer contratar en organismos del Estado a tres miembros de esa familia.
Según el informe de calificación, las contrataciones obedecerían a un interés distinto al interés ordinario, lo cual devendría en indebido, y estaría enmarcado en los artículos 399 y 400 del Código Penal. La denuncia fue formulada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas.
La denuncia constitucional fue declarada procedente y admitida a trámite por 18 votos a favor, uno voto en contra y cero abstenciones.
Del mismo modo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista Lady Camones, declaró improcedentes dos denuncias.
La primera, de acuerdo con el informe de calificación, fue formulada por el ciudadano Wenceslao Condori Huanca contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Dicho colegiado está integrado por los magistrados Henry Ávila Herrera, Aldo Vásquez Ríos, Humberto de La Haza Barrantes, Guillermo Thornberry Villarán, Luz Terro Ñecco, Imelda Tumialán Pinto y María Zavala Valladares. Obtuvo 14 a favor, 3 en contra y 1 abstención.
La segunda denuncia constitucional fue presentada por la Sociedad Unida de Maestros Contratados de Lima (SUMACOL), representada por su presidenta María Elena Aguilar Macizo, contra el exministro de Educación, Óscar Becerra Tresierra. Obtuvo 18 votos a favor, cero votos en contra y una abstención.