La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debate el informe final de la denuncia constitucional 307, contra el expresidente Pedro Castillo y otros, por los presuntos delitos de organización criminal y otros.
La denuncia fue formulada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y comprende también a Juan Silva y Geiner Alvarado, exministros de Transportes y Vivienda, respectivamente, durante el Gobierno de Pedro Castillo.
El encargado de sustentar el informe final ante la Subcomisión fue el congresista Diego Bazán (Avanza País).
En su exposición, Bazán señaló los fundamentos de hecho de la citada denuncia y mencionó que existían niveles dentro de la presunta organización criminal, entre los cuales se encontrarían el llamado “gabinete en la sombra”, el brazo congresal “Los Niños”, el brazo familiar, entre otros.
El informe final se basa en las investigaciones de la Fiscalía por el caso Puente Tarata, donde se habría favorecido a un consorcio para ganar la licitación; el caso Petroperú, sobre la adquisición irregular de biodiesel; y contrataciones irregulares desde el Ministerio de Vivienda.
“En virtud de lo expuesto, el informe concluye y recomienda acusar a José Pedro Castillo Terrones, en condición de expresidente de la República, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal agravado, tráfico de influencias agravado y cómplice del delito de colusión”, señaló el parlamentario Diego Bazán.
Además, el informe final recomienda acusación contra Juan Silva y Geiner Alvarado por la presunta comisión del delito de organización criminal. En el caso del exministro de Transportes, también se recomienda acusarlo constitucionalmente por el presunto delito de colusión.
Finalizada la exposición, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, señaló que se respetó el derecho a la defensa de Pedro Castillo y los otros investigados, así como el debido proceso según el Reglamento del Congreso.
