Solicitó su inhabilitación para ejercer cargo público
La Comisión Permanente aprobó por mayoría acusar, ante el Pleno del Congreso, a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, por el delito de presunta infracción constitucional, y solicita su inhabilitación por cinco años en el ejercicio de la función pública.
Además, se le acusa por los supuestos delitos de omisión, rehusamiento o demora en acto funcionales en torno a las investigaciones al expresidente Pedro Castillo Terrones.
Asimismo, acordó, en forma unánime, archivar las acusaciones de supuestos delitos de falsedad genérica y contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad encubrimiento real y contra la tranquilidad pública-organización criminal.
Las denuncias ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista Lady Camones (APP), fueron interpuestas por las congresistas Patricia Chirinos (Avanza País) y por Gladys Echaíz (RP), quien hizo suya la denuncia del procurador público especializado en delitos de corrupción del Ministerio de Justicia, Javier Pacheco.
Las recomendaciones que serán formuladas al pleno del Congreso son las comprendidas en el informe final de las Denuncias Constitucionales 209 y 231, el mismo que fue sustentado por la congresista Camones Soriano.
Además, fue aprobado en forma mayoritaria delegar al congresista Ernesto Bustamante Donayre (FP), para hacer la sustentación respectiva ante el pleno de las investigaciones que realizó durante el proceso.
La exfiscal de la Nación, quien estuvo presente en la sesión congresal, señaló que no existe contra ella razones jurídicas para acusarla y que, pedir su inhabilitación, es incongruente, lo que implicaría una arbitrariedad.
Dijo que, a diferencia de presidentes anteriores, en los que fueron desestimados de plano las denuncias, en éste se dispuso una investigación preliminar.
Alegó que en el caso de Castillo Terrones no hubo, en ese momento, una conducta concreta atribuible y no se había realizado el juicio de destitución, «y que no se cumplió con la debida motivación por lo que se estaría frente a la vulneración de la Constitución y de sus derechos como funcionaria”.
“Sería la primera vez en la historia del Perú que se pretenda destituir a un magistrado por haber adoptado una posición jurídica, un criterio acorde a la Constitución”, señaló al tiempo de defenderse de no haber actuado a tiempo abriendo una carpeta de investigación sobre el caso.
