«Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas», aseguran en un comunicado conjunto
La izquierda latinoamericana rompe barreras diplomáticas en su apoyo al golpista Pedro Castillo. A través de un comunicado conjunto firmado en Ciudad de México, los gobiernos de México, Argentina, Colombia y Bolivia han mostrado su «profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de Pedro Castillo, presidente de la República del Perú».
Una declaración que ha sorprendido al nuevo gobierno peruano, ya que no reconoce la destitución de Castillo y la sucesión por su vicepresidenta, Dina Boluarte, tal y como marca la Constitución.
El pasado miércoles, el destituido presidente ordenó sin éxito la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de emergencia, la puesta en marcha de un toque de queda, la detención de la fiscal general y la intervención de tribunales y poderes públicos. En su huida hacia la Embajada de México, donde buscaba asilo, fue detenido por sus propios escoltas.
«Castillo fue víctima de un antidemocrático hostigamiento para luego ser objeto de un tratamiento judicial violatorio», denunciaron los gobiernos aliados de Castillo, que cuenta desde hace meses con el apadrinamiento político de Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano.
Fiscales peruanos mantenían seis investigaciones abiertas contra Castillo, a quien consideraban el líder de un grupo criminal que se dedicaba a sumar sobornos y comisiones de contratas del Estado y otros negocios. Parte de su familia, algunos colaboradores estrechos y diputados corruptos formaban parte de este grupo.
«Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio», sermonearon los firmantes en el comunicado.
La presidenta Boluarte, ignorada por los cuatro gobiernos de la región, ha presentado una propuesta para adelantar las elecciones generales (presidenciales y parlamentarias) a abril de 2024, aunque en el Parlamento también se baraja una hoja de ruta para que éstas se lleven a cabo el año que viene.
Una declaración que ha sorprendido al nuevo gobierno peruano, ya que no reconoce la destitución de Castillo y la sucesión por su vicepresidenta, Dina Boluarte, tal y como marca la Constitución.
El pasado miércoles, el destituido presidente ordenó sin éxito la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de emergencia, la puesta en marcha de un toque de queda, la detención de la fiscal general y la intervención de tribunales y poderes públicos. En su huida hacia la Embajada de México, donde buscaba asilo, fue detenido por sus propios escoltas.
«Castillo fue víctima de un antidemocrático hostigamiento para luego ser objeto de un tratamiento judicial violatorio», denunciaron los gobiernos aliados de Castillo, que cuenta desde hace meses con el apadrinamiento político de Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano.
Fiscales peruanos mantenían seis investigaciones abiertas contra Castillo, a quien consideraban el líder de un grupo criminal que se dedicaba a sumar sobornos y comisiones de contratas del Estado y otros negocios. Parte de su familia, algunos colaboradores estrechos y diputados corruptos formaban parte de este grupo.
«Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio», sermonearon los firmantes en el comunicado.
La presidenta Boluarte, ignorada por los cuatro gobiernos de la región, ha presentado una propuesta para adelantar las elecciones generales (presidenciales y parlamentarias) a abril de 2024, aunque en el Parlamento también se baraja una hoja de ruta para que éstas se lleven a cabo el año que viene.
* Tomaod de El Mundo
