El acuerdo de cooperación jurídica sobre el caso Lava Jato entre las fiscalías de Perú y Brasil no puede perderse, por lo que los representantes del Ministerio Público peruano que han viajado a ese país para ocuparse del tema, deben de explicar que no se ha dado un incumplimiento al respecto, opinó el exfiscal anticorrupción, Pedro Angulo.
«No podemos permitir que se caiga este convenio de colaboración que ha costado tanto”, dijo, en declaraciones a Radio Nacional. “La realidad es que hay muchas personas que deben responder a la ley, y no pueden aprovechar el pánico para lavarse las manos», añadió.
El también exdecano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) consideró que lo que se ha dado hasta el momento no representa un término definitivo de la ayuda que las fiscalías de ambos países han venido dándose en el caso de los sobornos pagados por empresas constructoras a altas autoridades públicas y candidatos presidenciales.
«Es una suspensión, por lo tanto, no es una nulidad, tampoco es que el convenio ya no va más”, estimó Angulo. En ese sentido, señaló que “los fiscales que están en Brasil van a traer buenas noticias».
Antecedentes
La empresa Novonor (antes Odebrecht) denunció que el Ministerio Público peruano incumplió con el acuerdo de cooperación al utilizar pruebas sobre el caso Lava Jato que fueron generadas en Brasil para procesos locales contra dicha entidad. Ante ello, la fiscalía brasileña suspendió el convenio.
El fiscal peruano coordinador de este caso, Rafael Vela, señaló que ese no es el caso y por ello viajó al vecino país para esclarecer las dudas que existan al respecto.
Para Angulo, en medio de la complejidad y el gran número de denuncias vinculadas este tema, es posible que algún punto se haya incumplido, pero ello no debe suponer mayor preocupación.
«No creo que el caso Lava Jato se encuentre en peligro, creo que sí debió haber un momento en el cual algo ha fallado, de modo que los de Odebrecht se han llenado la boca diciendo que las autoridades peruanas no han cumplido», argumentó.
Recomendó, asimismo, que los casos en los que esta cooperación jurídica se da, sean los de aquellos que “tengan deudas con la ley aquí en el Perú; es decir, autoridades, funcionarios, candidatos a la presidencia y miembros de estas empresas que trabajaron con las brasileñas».
