La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sostuvo hoy que las investigaciones al presidente de la República, Pedro Castillo, son objetivas, conforme a ley y respetando las garantías del debido proceso.
En un pronunciamiento público, refirió que los fiscales no son actores políticos sino operadores de justicia e investigan a partir de los hechos, no de las personas.
“Estamos haciendo lo correcto en cumplimiento de las funciones otorgadas por la Constitución y los tratados internacionales”, refirió la fiscal de la Nación al informar que ha presentado hoy una denuncia constitucional contra el mandatario ante el Congreso.
“Desde este momento es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, apuntó.
Indicó que las investigaciones que realiza el Ministerio Público han permitido encontrar graves indicios de la existencia de una presunta organización criminal en el gobierno con la finalidad de copar, controla y direccionar los procesos de contratación que implican al mandatario, a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, así como al exgerente de Petro Perú, Hugo Chávez.
Benavides puntualizó que la denuncia constitucional se sustenta en el descubrimiento de la presunta obtención de beneficios económicos por nombramiento en puestos claves, licitaciones y el uso ilícito de la facultad presidencial.