Proyecto de ley busca reducir índices de corrupción.
Modificar el Código Penal, a fin de incrementar hasta los 15 años de prisión las penas para los delitos cometidos por funcionarios públicos, plantea un proyecto de ley presentado por la congresista Nieves Limachi, de las filas de Perú Democrático.
Según la propuesta legislativa, la finalidad es reducir los altos índices de corrupción cometidos por funcionarios públicos y garantizar una mayor idoneidad del desempeño con pleno respeto de los fondos del Estado.
De esta manera, subraya el iniciativa legal, se asegurará un mejor uso de los fondos en favor de la población, con más y mejores servicios e infraestructura pública.
El proyecto modifica los artículos 376, 382, 383, 385, 387, 389, 391, 394, 395-A, 395-B, 397, 399, 400, 401 y 426 del Código Penal promulgado por el Decreto Legislativo 635.
Por abuso de autoridad, se plantea una pena privativa de la libertad no mayor de cuatro años; por concusión, no menor de cuatro ni mayor de ocho; por cobro indebido, no menor de tres ni mayor de cinco años e inhabilitación, según corresponda.
En el caso de patrocinio ilegal, no menor de tres ni mayor de seis o servicio comunitario de 20 a 40 jornadas; por peculado doloso y culposo, no menor de cinco ni mayor de ocho años, inhabilitación de cinco a 20 años y de 180 a 365 días multa.
Si el responsable actúa como integrante de una organización criminal, o se aprovecha de una situación de calamidad o emergencia sanitaria, o el valor de lo apropiado supera las diez UIT, la pena será no menor de ocho ni mayor de 15 años, inhabilitación perpetua y de 365 a 730 días multa.
Por malversación la pena será no menor de dos años ni mayor de cuatro, pero sube de cinco a diez años si la conducta recae sobre funcionarios que utilicen el dinero para usos personales o con fines de campañas políticas.
Cohecho
El funcionario que acepte o reciba un donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar un acto propio de su cargo, será reprimido con una pena no menor de cuatro ni mayor de seis años. Para el funcionario que solicite dichos beneficios, la pena va de cinco a ocho años.
En caso de agravantes, como la desnaturalización de los procedimientos de selección en contrataciones del Estado, será de seis a diez años inhabilitación perpetua.
De tratarse de un policía que acepta o recibe un donativo, promesa o cualquiera otra ventaja o beneficio, la pena va de seis a 12 años. Para el policía que los solicita, va de ocho a 15 años.
Para el que corrompe a un funcionario, el proyecto plantea pena no menor de seis ni mayor de 12 si con ello desnaturaliza los procedimientos de selección en contrataciones del Estado.
Si un funcionario incurre en tráfico de influencias, la pena será no menor de seis ni mayor de diez años; por enriquecimiento ilícito, no menor de ocho ni mayor de 15 años. Si el funcionario tiene un cargo de alta dirección, será de diez a 15 años.
