De forma obligatoria y no opcional como es en la actualidad
Tras hacerse pública la sentencia judicial contra el tercer vicepresidente del Congreso, Wilmar Elera, el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta Castilla, consideró que la hoja de vida de candidatos debe incluir de forma obligatoria información sobre los procesos judiciales por corrupción en curso y no solo las sentencias.
«La hoja de vida de candidatos o candidatas no estará completa hasta que no se incluya de forma obligatoria informar sobre los procesos judiciales por corrupción en curso», declaró a la Agencia Andina.
Rotta indicó que en la actualidad la hoja de vida, a la que pueden acceder los electores desde la página voto informado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tiene una sección de información opcional donde algunos candidatos hacen ese ejercicio de poner los procesos en curso, pero no es el caso de la mayoría.
Advirtió que el congresista Elera no incluyó en esa sección la información referida al proceso judicial que enfrentaba en Piura, sino una relacionada a una empresa de la cual era accionista.
«Creo por transparencia del candidato o candidata, por la importancia que tiene el problema de corrupción, por lo extendido que está en el país, sería bueno y necesario ajustar ese instrumento para incorporar ese tipo de información», planteó.
Rotta recordó que obligar a los candidatos a cargos de elección popular a consignar los procesos judiciales en curso es algo que se ha discutido antes, pero se descartó con el argumento de respetar el derecho a la presunción de inocencia.
Sin embargo, estimó que con las evidencias que existen, los postulantes a un puesto público deberían suspender ese derecho en favor de la colectividad y de trasparentar su perfil ante los electores.
Precisamente, en adelanto de fallo, el juez del Sétimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Ronald Soto Cortez, sentenció al congresista Wilmar Elera García (Somos Perú), a seis años de pena privativa de la libertad por el delito de colusión agravada.
Los hechos que se remontan al 2012 y tienen que ver con su participación del parlamentario como supervisor de la obra «Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Pacaipampa-Ayabaca-Piura».
