También declara improcedentes denuncias contra Alarcón, Becerril y Gálvez
La Comisión Permanente del Congreso archivó la denuncia constitucional contra el expresidente Manuel Merino y los miembros de su gabinete ministerial, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez, por las muertes ocurridas durante las manifestaciones de noviembre del 2020.
Fueron 22 parlamentarios quienes expresaron su aprobación con el informe que en ese sentido presentó la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en tanto seis expresaron su rechazo y uno (Wilmar Elera, de Somos Perú) se abstuvo.
Durante el debate, el parlamentario Edgar Reymundo (CD-JP) planteó una cuestión previa para que el documento regrese al referido subgrupo, por considerar que en su elaboración no se evaluaron las pruebas testimoniales remitidas por la fiscalía.
A su vez, Silvana Robles (PL) consideró que el archivo de la denuncia impedirá que las instancias judiciales realicen una investigación sobre las muertes ocurridas. Advirtió que ello posibilitará que los deudos de los fallecidos recurran a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual “nos enmendará la plana” en este tema.
Ante ello, Alejandro Cavero, autor del informe aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, señaló que se había demostrado que no hubo responsabilidad policial ni de las autoridades gubernamentales denunciadas en las muertes ocasionadas. Argumentó que el día en que se produjeron estas la Policía usó menos material no letal que en la marcha previa.
Por su parte, Waldemar Cerrón (PL) expresó su respaldo al archivo, señalando que aprobar la acusación implicaría sentar un precedente de persecución política. Los congresistas de Acción Popular, Edwin Martínez y Elvis Vergara, también participaron en el debate, expresando su conformidad con el archivamiento de la denuncia y criticando las motivaciones de esta.
Otros casos
Por otro lado, la Comisión Permanente declaró improcedentes denuncias constitucionales planteadas contra el ex fiscal supremo Tomás Gálvez, así como aquella presentada contra el excontralor Edgar Alarcón y los excongresistas Javier Velásquez y José Palma.
Igual suerte corrió la denuncia planteada por la Fiscalía de la Nación contra el exparlamentario Héctor Becerril, por supuesto delito de tráfico de influencias agravado. Esto último motivó el desacuerdo de Silvana Robles y de Alfredo Pariona (PL), quienes señalaron que no es potestad del Parlamento cuestionar los procedimientos de la fiscalía para desestimar sus denuncias.
En otro momento, la Comisión Permanente declaró procedente el informe sobre la denuncia constitucional planteada contra Dina Boluarte por supuesta infracción a los artículos 38 y 126 de la Constitución, y por los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y de resistencia a la autoridad.
En tal sentido, se dio paso a que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales inicie la fase de investigación complementaria y se fijó un plazo de quince días para la presentación de su informe final sobre esta denuncia. Similar trámite se dispuso para otras dos denuncias, planteadas contra la excongresista Luciana León, y contra los exmiembros del Gabinete Violeta Bermúdez y Waldo Mendoza.
