La comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del Pueblo respetó las normas vigentes para su designación y seguirá en esa línea hasta presentar su propuesta ante el pleno y durante la elección del mismo, indicó el Congreso.
El Parlamento, en una nota de prensa, señaló que ese respeto fue acatado tanto por la presidenta de dicho poder del Estado, María del Carmen Alva, los integrantes de la Junta de Portavoces, y los miembros de la comisión.
Dicha comisión, subrayó, está integrada por nueve congresistas y el pleno aprobó, el pasado 28 de febrero, que sean los directivos portavoces de cada bancada para que representen la pluralidad de los grupos parlamentarios, y que ningún grupo tenga mayoría en el proceso electoral.
La representación nacional aprobó que la comisión especial sea presidida por la presidenta del Congreso en calidad de supernumeraria; es decir, sin derecho a voto, conforme a los tres precedentes que registra la práctica parlamentaria.
El 30 de marzo la Junta de Portavoces aprobó, por unanimidad (Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, Perú Democrático, Somos Perú y Juntos por el Perú) que la modalidad del procedimiento para la designación de candidatos a defensor del Pueblo sea la especial (de uno a cinco postulantes declarados aptos para la elección y por invitación).
En la última reunión de la comisión especial, realizada el 24 de mayo, se acordó que en la siguiente sesión de trabajo se aprobará la metodología del proceso de selección y el cronograma respectivo.
La metodología propuesta considera la publicación de la relación de candidatos y sus hojas de vida y sus tesis; solicitar información a diversas entidades sobre los antecedentes de los postulantes; la realización de un examen psicológico a los candidatos; entrevista a los postulantes, y el cumplimiento de la presentación de la declaración jurada de intereses conforme a la
Ley 31227, entre otros aspectos.
Estos acuerdos multipartidarios, añadió el Congreso, reflejan la voluntad política de llevar a cabo un proceso electoral para un nuevo defensor del Pueblo, conforme a la ley y a los principios de transparencia.
