Ministro de Justicia señala también que se construirá nuevo penal en Cusco
El gobierno ya no insistirá en plantear la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por el anterior Congreso sobre el régimen de Contratos Administrativos de Servicios (CAS) y la negociación colectiva en el sector estatal, anunció el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres.
Refirió que, de acuerdo al Código Procesal Constitucional, las demandas de este tipo solo concluyen cuando hay una sentencia emitida, pero el gobierno presentará ante el Tribunal Constitucional el recurso de desestimiento correspondiente, a fin de que dicha instancia conozca la voluntad del Ejecutivo de mantener la vigencia de ambas normas.
La ley 31131 estableció la eliminación del régimen laboral CAS, mientras que la Ley 31188 dispuso que los trabajadores de las instituciones estatales pueden recurrir del mecanismo de la negociación colectiva para mejorar su situación laboral.
Ambas fueron aprobadas por el anterior Congreso y observadas por el gobierno de transición que encabezó Francisco Sagasti, que, además, interpuso demandas de inconstitucionalidad en contra de su aplicación. Al respecto, el ministro de Justicia recalcó que el actual gobierno discrepa con esa posición.
Indicó, en tal sentido, que “el gobierno actual no quiere dejar sin efecto ambos cuerpos legales, que benefician a los trabajadores”. Señaló que la implementación de las dos normas mencionadas “se hará progresivamente, de acuerdo al presupuesto de la Nación”.
Extradiciones y nuevo penal
De otro lado, Torres dijo que su despacho ha revisado los procesos de extradición que están paralizados. Entre ellos se encontraron seis casos de ampliación de las causales para la extradición del expresidente Alberto Fujimori desde Chile.
Indicó que tres de ellos tienen que ver con el delito de homicidio calificado, mientras que los otros tres se refieren a peculado doloso, secuestro agravado y revelación de secreto de interés nacional. Dichos temas serán retomados, adelantó Torres.
En cuanto al caso del exmandatario Alejandro Toledo, señaló que, luego que un juez de Estados Unidos se pronunciara a favor de su extradición, el Poder Ejecutivo está a la espera del devenir del tema en el ámbito judicial. A partir de ello, el gobierno estadounidense podrá dar su palabra final sobre el pedido hecho por Perú para traerlo al país y que sea juzgado.
Asimismo, el ministro de Justicia indicó que se construirá un nuevo establecimiento penitenciario en el distrito cusqueño de Colquepata, a fin de trasladar allí a internos que actualmente se encuentran en reclusorios hacinados. La implementación de esta nueva infraestructura se realizará bajo la modalidad de “proyectos en activos”.
Esto implica que el Estado no realice gasto ni inversión en esta obra, dijo. Explicó que en distrito cusqueño de San Gerónimo existe un penal que es rechazado por la población, por lo que este se trasladaría a Colquepata, jurisdicción vecina, donde si hay consenso para implementar un local de este tipo.
“San Gerónimo tendrá que dar el valor de ese terreno a la empresa privada que quiera construir otro penal en Colquepata”, indicó, refiriéndose al mecanismo de proyectos en activos que se aplicará en este proyecto.
