El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) dijo este martes en una entrevista con Efe que su defensa pedirá el «habeas corpus» a la Justicia estadounidense, lo que podría retrasar e incluso evitar su extradición a Perú, donde está acusado de corrupción.
«La siguiente acción de mi defensa aquí en los Estados Unidos es que vamos a presentar un ‘habeas corpus’, que irá a un juez federal de California y luego todavía tiene dos instancias más», indicó el exmandatario pocas horas después de que el juez Thomas Hixson emitiese una sentencia en la que avala su extradición
El «habeas corpus», por el que el acusado -en este caso, Toledo- pone en duda las condiciones de su detención y la preservación de su derecho de defensa, es el único recurso legal de que dispone el expresidente, puesto que la sentencia del juez Hixson no puede ser apelada.
Aun así, la petición de «habeas corpus» no paralizará automáticamente el proceso, sino que será la corte que examine el caso la que podrá ordenar específicamente que se ponga en suspensión la extradición mientras esta se resuelve.
Según el abogado de Toledo, Roberto Su, que también participó en la videoconferencia con Efe, la práctica indica que normalmente en este tipo de casos en los que presuntamente se pueden haber visto afectados el derecho de defensa y el debido proceso, las extradiciones quedan en suspensión.
Su criticó las, a su juicio, contradicciones e inconsistencias en la decisión del juez Hixson, al que acusó de falta de objetividad y de haber tenido la sentencia ya medio preparada incluso antes de que se produjese la audiencia de extradición el pasado viernes.
«Basta leer la sentencia para darse cuenta de que hay inconsistencias. Esta decisión no la ha tomado el juez del día de la audiencia para hoy; es una decisión en la que ya venía trabajando», apuntó el letrado.
El abogado de Toledo insistió en la que ha sido la principal línea de defensa del exmandatario a lo largo del juicio: las aparentes contradicciones e inconsistencias de los dos principales testigos en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía peruana, el empresario israelí Josef Maiman y el exempleado de Odebrecht Jorge Barata.
Su lamentó que en su escrito el magistrado «justifique» las inconsistencias de los testigos por el paso de los años y que no las considere lo suficientemente relevantes como para negar la petición de extradición.
Al margen de lo que pueda ocurrir una vez se presente la petición de «habeas corpus», con la sentencia ya en firme del juez Hixson, la solicitud de extradición pasará ahora a manos del Departamento de Estado de EE.UU., que deberá tomar una decisión final al respecto.
El expresidente fue detenido en julio de 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años y estuvo ocho meses en prisión, al apreciar el juez un riesgo de fuga, aunque finalmente pudo salir de la cárcel y pasar a una situación de arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia de covid-19.
Según las investigaciones de la Fiscalía peruana, el exmandatario de 75 años habría recibido hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú, cuando aún era jefe del Gobierno.
