Suiza determinó que los hechos atribuidos al teniente de la Policía Nacional del Perú (PNP), Eder Infanzón Gómez, sindicado como coautor del delito de rebelión, responden a un “delito político”, lo que impide cualquier tipo de cooperación judicial con las autoridades peruanas en el proceso que se sigue por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.
La negativa se produjo tras una solicitud formal de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía peruana, que buscaba conocer el estatus y el tiempo de permanencia de Infanzón Gómez en ese país europeo, en un momento en que la justicia busca avanzar en el juicio oral contra los implicados en el intento de disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción bajo el mando del vacado expresidente.
La jueza Norma Carbajal develó que el Ministerio Público suizo fundamentó su respuesta en el artículo 3, párrafo 1, de la Ley sobre asistencia judicial penal internacional, que prohíbe la colaboración en la persecución de delitos de carácter político, y el tratado de asistencia judicial en materia penal que prevé que la asistencia judicial podrá ser denegada si se refiere a delitos considerados por el Estado requerido como delitos políticos.
¿Quién es Eder Infanzón y qué se le atribuye?
El teniente Eder Infanzón Gómez es uno de los tres oficiales de la PNP acusados de participar en el intento de golpe de Estado liderado por Pedro Castillo. A diferencia de los otros dos implicados, Infanzón no ha comparecido ante la justicia peruana. El 3 de marzo de 2025, durante la instalación del juicio oral, fue declarado reo contumaz por no presentarse, y su abogado informó que el paradero del agente era desconocido, aunque se encontraba en Suiza. Desde entonces, las autoridades peruanas han intentado sin éxito obtener información sobre su situación en ese país.
De acuerdo con el auto de enjuiciamiento, la Fiscalía atribuye a Infanzón Gómez la coautoría del delito de rebelión, al considerar que utilizó su posición como policía armado para facilitar la ejecución del golpe de Estado. Por ello, solicitó una pena de 25 años de prisión, dos años de inhabilitación y el pago solidario de 65 millones de soles en caso de ser hallado culpable, suma que debería ser cubierta por todos los acusados.
Según la acusación, el teniente habría recibido y ejecutado una orden directa del entonces jefe de la VII Región Policial Lima, el general Manuel Lozada, para impedir el ingreso de personas, incluidos congresistas, al Parlamento tras el mensaje televisado de Pedro Castillo. En su declaración, relató que, minutos después del anuncio, recibió por radio la instrucción de posicionarse en los jirones Huallaga y Ayacucho con el objetivo de bloquear el acceso al Congreso.
“Sucede que la orden era que nadie ingrese (…) ni políticos, congresistas, ni civiles, la orden fue dada por radio por el propio general a cargo de la VII Región Policial Lima, en ese entonces estaba a cargo del general Lozada (…) Llamé al comandante Venero, (…) quien me dijo que cumpla con lo que el general de la VII Región Policial había dispuesto”, mencionó.
