Un informe del semanario Hildebrandt en sus Trece reveló que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, habría conocido con anticipación los planes de la Fiscalía para allanar su domicilio, lo que le permitió tomar medidas para evitar que se encontraran pruebas en su contra.
De acuerdo con la declaración de un testigo protegido, el ministro entregó su computadora, un iPad y documentos a su asistente de confianza, Yessenia de la Cruz, con el aparente propósito de ocultar información.
El testimonio señala que De la Cruz, quien también sería su pareja, recibió depósitos frecuentes por parte de empleados del estudio jurídico Santiváñez & Molina Abogados Consultores, dinero que habría sido utilizado para la compra de vehículos destinados a los familiares del ministro.
Retrasos en la orden de allanamiento
El 14 de febrero, el fiscal Carlos Ordaya López solicitó al juez Juan Carlos Checkley la autorización para allanar las viviendas de Santiváñez y De la Cruz, basándose en el testimonio del testigo protegido pero la resolución judicial tardó casi dos semanas en emitirse, un tiempo que habría permitido al ministro tomar precauciones para deshacerse de posibles pruebas.
Checkley, el magistrado encargado de autorizar la diligencia, también es investigado por presuntas coordinaciones irregulares con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, lo que ha generado cuestionamientos sobre su accionar en este caso.
Mientras la Fiscalía esperaba la autorización para intervenir, Santiváñez denunció a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, acusándola de abuso de autoridad y vulneración de su derecho a la intimidad.
Filtraciones y maniobras para desacreditar la investigación
El 28 de febrero, medios como Lima Gris y la periodista Milagros Leiva en Willax TV difundieron información sobre el posible allanamiento, lo que confirmaría que Santiváñez estaba al tanto de las diligencias. Fuentes policiales indicaron que testigos protegidos fueron vigilados por agentes de inteligencia del Ministerio del Interior, en un presunto intento de intimidarlos.
El allanamiento se llevó a cabo el 3 de marzo, pero no se encontraron pruebas relevantes. Un día después, la presidenta Dina Boluarte salió en defensa de Santiváñez y cuestionó las acciones de la Fiscalía, calificándolas como parte de un intento de “golpe de Estado blanco” en su contra.
Según fuentes del Ejecutivo, Boluarte fue informada sobre la orden judicial antes de su ejecución y habría retrasado el apoyo policial, lo que dio tiempo al ministro para reaccionar. Además, autorizó su viaje a Europa del 3 al 9 de marzo, impidiendo que la Fiscalía actuara mientras él se encontraba en el país.
Este episodio ha levantado nuevas sospechas sobre la relación entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, en medio de las investigaciones que involucran a Nicanor Boluarte y la supuesta protección del gobierno a Vladimir Cerrón.
