La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró improcedente la denuncia constitucional planteada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra 11 congresistas por haber promovido una ley que ratificó que los legisladores, en condición de militares y policías en retiro, pueden cobrar su pensión, así como su sueldo como parlamentarios.
El informe elaborado por la secretaría de la subcomisión determinó que los congresistas acusados, miembros de la Comisión de Defensa, no infringieron la Constitución.
Según la denuncia de Espinoza, en dicho grupo de trabajo, la iniciativa para permitir que militares y policías en retiro puedan recibir salarios como funcionarios públicos sin perder su derecho a la pensión fue modificada para incluir cargos de elección popular, como congresistas.
Así, la titular del Ministerio Público sostuvo que la medida legislativa vulneraba principios de equidad y transparencia, al promover un beneficio económico para determinados parlamentarios que participaron en la Comisión de Defensa.
En total, fueron 13 votos a favor de la improcedencia y solo dos abstenciones: Jorge Montoya (Honor y Democracia), por ser uno de los beneficiados con la norma, y Francis Paredes (Podemos Perú).
Los once legisladores acusados eran José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto y Alfredo Azurín. Los cuatro primeros son militares en retiro y el quinto un policía en retiro. La acusación de Delia Espinoza también incluyó a otros miembros de la Comisión de Defensa, como Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, Pedro Martínez y Lucinda Vásquez.
