Política

Impacto político de las declaraciones de Dina Boluarte sobre un «golpe de Estado blanco»

La reciente denuncia de la presidenta Dina Boluarte sobre un presunto «golpe de Estado blanco» desde el Ministerio Público marca un punto de tensión en el escenario político peruano; sus declaraciones, respaldadas por su gabinete en pleno, reflejan un intento de posicionarse como víctima de una supuesta persecución política.

Boluarte ha optado por un discurso confrontacional, acusando a la Fiscalía de actuar en complicidad con ciertos medios de comunicación para desestabilizar su gobierno.

Esta estrategia busca consolidar apoyo entre sus aliados y presentarse como una líder acosada por intereses políticos que, según ella, buscan frenar la lucha contra la corrupción en sectores estatales clave, como el Ministerio del Interior.

En términos políticos, esta postura puede interpretarse de dos maneras: por un lado, le permite cohesionar su base de apoyo y desviar la atención de los cuestionamientos a su gestión, como los recientes allanamientos a miembros de su gabinete y por otro lado, al intensificar el conflicto con instituciones clave como el Ministerio Público y la prensa, arriesga un aislamiento mayor y una erosión de su legitimidad, especialmente si las investigaciones avanzan y revelan irregularidades en su entorno.

El enfrentamiento con la Fiscalía también genera incertidumbre sobre la estabilidad del gobierno, si bien Boluarte descarta una renuncia y apela a la defensa de la democracia, la polarización del discurso podría fortalecer a sectores de la oposición que buscan su salida.

En este ambiente, la crisis institucional podría agravarse si se profundiza la confrontación entre el Ejecutivo y el sistema de justicia lo que pondría a prueba la capacidad del gobierno para sostenerse en un escenario de creciente presión política y social.

Con esta nueva escalada en el conflicto el futuro político de Dina Boluarte dependerá de su capacidad para mantener alianzas estratégicas y controlar el daño a su imagen pública, aunque con un Congreso fragmentado y una ciudadanía cada vez más crítica, el desenlace de esta disputa sigue siendo incierto.


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