La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, optó por blindar a su colega Pablo Sánchez Velarde y no presentó una denuncia constitucional en su contra por haber frustrado una diligencia de exhibición de documentos en las oficinas del portal periodístico IDL-Reporteros, dirigido por Gustavo Gorriti, en julio de 2018, tras la difusión de los famosos audios de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
Esta decisión fue oleada y sacramentada en la disposición de la Fiscalía N° 04, en la que indicó que, en aquella ocasión, Sánchez Velarde exigió la suspensión de la diligencia, ya que el fiscal a cargo, Rodrigo Álvaro Rurush, no habría presentado el documento necesario para llevar a cabo el acto fiscal.
«Se dispone: no haber mérito para formular denuncia constitucional contra Sánchez», reza el documento.
Recordemos que Pablo Sánchez enfrentaba una investigación por el supuesto delito contra la administración de justicia en la modalidad de obstrucción a la justicia, iniciada en abril de 2024, a raíz de las declaraciones del entonces fiscal adjunto Rodrigo Rurush, quien en 2018 estuvo a cargo de la diligencia de exhibición de documentos en las oficinas del IDL.
De acuerdo con la pesquisa, el exfiscal de la Nación contactó, vía telefónica, a Rurush, en medio de la diligencia, para que la suspendiera inmediatamente. Según el ahora exfiscal, esa solicitud ocurrió tras una comunicación previa de Sánchez con Gorriti.
«El señor Pablo Sánchez Velarde me llamó del número de su celular de su asistente para señalarnos la siguiente frase: ‘¿Estás llevando a cabo la diligencia en IDL?’, a quien le referí que sí, que estoy llevando, pero se está suspendiendo, a lo que el señor Pablo Sánchez Velarde me dijo: ‘Suspende inmediatamente la diligencia o atente a las consecuencias’«, relató Álvaro Rurush
Sin embago, según Delia Espinoza, Pablo Sánchez habría actuado de esta manera porque Rurush no había presentado ningún documento que autorizara la realización de la diligencia en la ONG de izquierda. En la disposición de la Fiscalía, se afirma que la interrupción se debió a que el fiscal no contaba «con un documento que respalde la ejecución de la diligencia».
