Recientemente, el congresista Miguel Ciccia presentó un proyecto de ley que busca expulsar a los extranjeros detenidos por cometer ciertos delitos en flagrancia, como delitos contra el patrimonio, la seguridad pública, entre otros. Esta propuesta se alinea con políticas migratorias similares a las implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha generado preocupación sobre el impacto que podría tener en la percepción pública de los migrantes en Perú.
La propuesta modificaría el artículo 58 del Decreto Legislativo 1350, obligando a los extranjeros detenidos por delitos a abandonar el país inmediatamente. Aunque los defensores de la medida argumentan que sería una forma de garantizar la justicia y ahorrar recursos al Estado, expertos y defensores de los derechos humanos han señalado que esta política podría fomentar la xenofobia y el discurso de odio en la sociedad peruana.
En particular, las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, que han sido interpretadas como un ataque a los migrantes venezolanos, también han alimentado estos temores. Boluarte afirmó que se controlaría más estrictamente el alquiler de viviendas a migrantes, lo que ha sido visto como una medida discriminatoria que podría incitar prejuicios y estigmatizar a los venezolanos en Perú.
Gabriel Vergara, especialista en Protección de la organización VeneActiva, expresó su preocupación de que este tipo de políticas y discursos exacerben el rechazo hacia los migrantes, no solo afectando a la comunidad venezolana, sino también a la reputación internacional de Perú. La creciente discriminación podría aumentar la inseguridad de los migrantes, mientras que algunos sectores de la población, a través de prejuicios infundados, podrían ver a los extranjeros como una amenaza.
El impacto de este tipo de medidas va más allá de la seguridad y el orden público. Los expertos advierten que las políticas contra la migración podrían abrir la puerta a un clima de intolerancia, con consecuencias perjudiciales tanto para los migrantes como para el tejido social del país. En lugar de promover la integración y el respeto a los derechos humanos, las nuevas propuestas podrían crear divisiones peligrosas y aumentar el estigma hacia aquellos que buscan un futuro mejor en Perú.
