Hace unas semanas compartí con ustedes la propuesta de un pequeño grupo de emprendedores para formar un Foro de centro derecha para las Américas, como una iniciativa que busque defender nuestro derecho a vivir en libertad y como contrapeso para el movimiento izquierdista del Foro de Sao Paulo. Tengo que admitir que nunca imaginé que nuestra idea tendría tan amplia aceptación, tanto a nivel peruano como sud americano.
Dentro de los muchos comentarios y mensajes de apoyo que recibí, un exitoso empresario chileno se contactó conmigo para proponerme la idea de crear una comisión de Justicia. Este grupo se encargaría de vigilar que los jueces en los diferentes estamentos de las Cortes de sus respectivos países, hagan cumplir la ley y que no se den interpretaciones antojadizas de acuerdo a sus tendencias ideológicas. Asimismo defendería a policías y soldados, quienes en cumplimiento del deber que nosotros les hemos encargado, hayan abatido a delincuentes y terroristas y no que sean perseguidos por ONG de izquierda por “violaciones a los derechos humanos” como ocurre en la actualidad.
En Perú, sabemos muy bien cómo funciona la justicia. Como decía Benito Juárez, Presidente de México (21 de Enero 1858 al 18 de Julio 1872), PARA MIS AMIGOS TODO, PARA MIS ENEMIGOS LA LEY. En nuestro sistema judicial, tenemos cientos de ejemplos en los cuales la Fiscalía y el Poder Judicial, dejan pasar meses e inclusive años en investigaciones o juicios a personajes de izquierda porque son sus “amigos”, “allegados” o simplemente comparten la misma tendencia ideológica; pero a sus “enemigos de derecha” los persiguen de una forma implacable para “hacer cumplir la ley”.
Estamos de acuerdo que se deben investigar los actos ilícitos o crímenes cometidos por cualquier persona, pero tanto las investigaciones como los juicios, se deben llevar con la celeridad y rigurosidad del caso para que las personas sean declarados inocentes o culpables en un plazo razonable y no se vuelva una persecución “política judicial” que dure años y mantenga en un estado de zozobra a las personas. En Perú, estamos mal acostumbrados a que las investigaciones duren años, con prisiones preventivas que se vuelven “semi condenas” y luego juicios que tardan décadas. Si un juicio recorre todas las instancias, fácilmente puede durar 20 ó 30 años. Una vergüenza nacional. Ni siquiera estamos mencionando a la corrupción endémica que ha infectado a todo el Poder Judicial. Puedo afirmar sin miedo a equivocarme, que no hay una sola Corte de Justicia en todo el país, que no tenga casos de corrupción.
Cuando leo acerca de la justicia en otros países, me pregunto: ¿por qué el Perú no puede tener una Corte Suprema como la de Estados Unidos?
La Corte Suprema de los Estados Unidos, es la única Corte establecida por la Constitución norteamericana. Tiene 9 miembros elegidos por el Presidente y ratificados por el Senado del Congreso. Los jueces nombrados sirven de por vida y solo pueden ser destituidos por el Congreso mediante un proceso de impugnación. Los jueces pueden renunciar por voluntad propia. Mucho dice que en los 230 años que tiene la Corte Suprema ningún juez ha sido destituido. Podemos estar o no de acuerdo con las opiniones de los magistrados, pero nadie puede dudar de la probidad de un Juez de la talla de Ruth Bader Ginsburg, una de las tres mujeres que constituyen la Corte y la de mayor edad, 87 años, nombraba por Clinton en 1993. Qué envidia uno puede sentir al compararla con nuestra Corte Suprema, plagada de escándalos de corrupción, ineficiencia y prebendas.
Regresando a nuestra cruda realidad, ¿Qué podemos hacer a través del Foro de las Américas? En el caso de Perú, formar un grupo de trabajo para exigir una reforma integral del Sistema de Justicia. Es iluso pensar que el propio Poder Judicial, se va a reformar y desterrar la corrupción. Todo el sistema está diseñado para ser complicado, largo, enredado, fomentando la corrupción y el pago de favores para que los procesos avancen. Mientras tengamos menos leyes, más sencillas de aplicar, los procesos más simples de seguir; se requerirán de menos “secretarios”, “asistentes” y demás funcionarios que a lo único que se dedican es vender sus servicios al mejor postor.
Uno de los mayores problemas del Sistema Judicial peruano es la sobrecarga. Según el Boletín Estadístico Institucional del Poder Judicial, para el bicentenario tendremos más de cuatro millones de expedientes judiciales. Un juez puede resolver 500 expedientes al año, pero recibe en promedio 5,000 lo que significa que ni nosotros, ni nuestros hijos o nietos, verán resueltos todos los casos que hoy en día están en trámite en el Poder Judicial.
Pero ¿cómo hacen otros países para resolver este tipo de problemas? En naciones como Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil, Israel, Inglaterra, Nueva Zelandia, Filipinas, Singapur entre otros, existen Cortes de Litigios Menores, cuya jurisdicción son casos que involucran montos de reclamos menores (caso más alto hasta $ 25,000). En estos procesos, el demandante se puede representar a sí mismo y no tiene la necesidad de contratar a un abogado. Los procedimientos judiciales son mucho más sencillos, expeditivos y rápidos. Estos juzgados típicamente cubren reclamos de deudas menores, desalojos, problemas entre propietarios, etc. De esta manera se pueden resolver miles de casos de manera rápida, que de otra forma pasarían a engrosar los expedientes del sistema regular del Poder Judicial. ¿Alguien en Perú cree que sea posible hacer un juicio para cobrar una deuda de S/ 5,000 o S/ 10,000 y que viva para contarlo? Sabemos que esto es imposible. Antes que ganemos un juicio así, habremos gastado más en abogados, tasas y corrupción que los S/ 10,000 que aspirábamos recuperar.
Otro de los problemas que tenemos que enfrentar es el cumplimiento de penas y la sensación de impunidad. Como la mayoría de delitos que nos afectan cotidianamente tienen penas de cárcel menores a 4 años, eso significa que el delincuente entra por una puerta de la fiscalía y sale por otra del Poder Judicial. Debemos cambiar el sistema. Toda pena de cárcel debe ser efectiva para ser disuasiva. Pero eso no significa hacinar las cárceles más de lo que ya está. Tampoco podemos tener condenas de 6 años a personas por haber faltado el respeto a la autoridad (caso Buscaglia). Si el fin que persigue una condena es ser disuasiva para la sociedad y reformar al culpable, estoy seguro que una pena de cárcel efectiva de 30 ó 60 días serán más que suficientes para que una persona que cometió tal delito (faltar el respeto a la autoridad) nunca más lo vuelva a hacer en su vida. Pero para ello, necesitamos construir e implementar cárceles de baja peligrosidad donde los ciudadanos puedan cumplir sus condenas haciendo trabajos para el bien común, en un ambiente adecuado en lugar de convertirse en criminales, como sucede hoy en día.
Como decía Ernesto Mallo, escritor y periodista argentino: “Leyes hay, lo que falta es Justicia”.
