El proceso judicial contra el expresidente Pedro Castillo y la ex primera ministra Betssy Chávez por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 dará inicio el próximo 4 de marzo de 2025. La Fiscalía ha solicitado una pena de 34 años de prisión para Castillo y 25 años para Chávez, a quienes se les acusa de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria determinó que el juicio se llevará a cabo de manera presencial en el penal de Barbadillo, ubicado en Ate Vitarte, Lima. Las sesiones se realizarán tres veces por semana (martes, jueves y viernes) en el horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
Pedro Castillo es señalado como coautor del delito de rebelión, tipificado en el artículo 346° del Código Penal peruano. Además, enfrenta cargos por abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. La Fiscalía ha solicitado una pena de 34 años de prisión efectiva, una inhabilitación de tres años y seis meses para ejercer cargos públicos y el pago de una reparación civil superior a los 65 millones de soles.
Por su parte, Betssy Chávez es acusada de los mismos delitos en calidad de coautora. En su caso, la Fiscalía ha solicitado una condena de 25 años de prisión, una inhabilitación de dos años y seis meses y el pago de una reparación civil de más de 64 millones de soles.
Junto a Castillo y Chávez, también serán juzgados los exministros Aníbal Torres, Willy Huerta y Geiner Alvarado, entre otros exfuncionarios. Las penas solicitadas por la Fiscalía para estos procesados varían entre 15 y 25 años de prisión.
El juicio estará a cargo de la Sala Penal Especial, conformada por los magistrados José Antonio Neyra Flores, Iván Salomón Guerrero López y Norma Beatriz Carbajal Chávez, quienes fueron designados mediante la Resolución Administrativa N.° 000001-2025-P-PJ.
El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso, la reorganización del sistema judicial y la instauración de un estado de emergencia, medidas que fueron rechazadas por el Congreso, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y diversos sectores de la sociedad. Horas después, Castillo fue detenido y trasladado a prisión, acusado de rebelión y conspiración. Betssy Chávez, quien era la presidenta del Consejo de Ministros en ese momento, es señalada como una de las principales responsables de la intentona golpista.
Actualmente, Pedro Castillo cumple prisión preventiva prorrogada por 18 meses, mientras que Betssy Chávez enfrenta la misma medida hasta marzo de 2026. Otros exfuncionarios implicados se encuentran con comparecencia restringida o impedimentos de salida del país.
El juicio oral será clave para determinar la responsabilidad de los acusados y marcará un hito en la historia política del país. Se espera que el proceso dure varios meses, debido a la complejidad del caso y la cantidad de pruebas que serán presentadas por ambas partes.
