Las investigaciones sobre el asesinato de Andrea Vidal, la abogada implicada en la denuncia de una red de prostitución en el Congreso, se encuentran estancadas. A casi dos meses del crimen y a medida que surgen nuevas irregularidades dentro del Parlamento, los funcionarios implicados evitan ofrecer explicaciones.
En una reciente sesión de la Comisión de Fiscalización, Isabel Cajo y Alexandra Gil, testigos clave del caso, no se presentaron a declarar. Ambos estaban citados para el 24 de enero, pero ni Cajo, quien hasta diciembre trabajó en el despacho del congresista Edwin Martínez, ni Gil, amiga cercana de la víctima, acudieron a la convocatoria. Las redes sociales de Gil revelaron que pasó el fin de semana en la playa, mientras que el paradero de Cajo sigue siendo incierto, tras un episodio relacionado con el robo de su celular, el cual fue desmentido por la Municipalidad de Magdalena.
Ante la falta de asistencia de los testigos y la crítica de algunos congresistas que consideran que la Comisión de Fiscalización está asumiendo funciones del Ministerio Público, el presidente del grupo, Juan Burgos, propuso otorgar a la comisión facultades investigadoras. Según Burgos, esta medida es crucial para obligar a los implicados a asistir y esclarecer los hechos.
Mientras tanto, la Mesa Directiva del Congreso no ha tomado decisiones efectivas para esclarecer las denuncias. La Primera Vicepresidenta, Patricia Juárez, defendió la permanencia en el cargo de Giovanni Forno, el oficial mayor que recomendó a Jorge Torres Saravia para la Jefatura de la Oficina Legal y Constitucional. Torres Saravia es señalado como presunto líder de la red de explotación sexual, pero la acusación sigue en investigación. A pesar de una denuncia previa por abuso sexual en su contra, Forno aprobó su contratación.
En cuanto a la falta de transparencia en la contratación de funcionarios, la Mesa Directiva ha evitado tomar medidas contundentes. La comisión ad hoc creada para investigar el caso se disolvió rápidamente, y no se ha formado un nuevo grupo de trabajo. Además, aunque el congresista Eduardo Salhuana había anunciado el regreso del Estatuto Parlamentario para garantizar la idoneidad de los empleados del Congreso, no se ha avanzado en la reactivación de esta herramienta.
Con la falta de acción concreta y la ausencia de los principales testigos, el caso sigue siendo un misterio, mientras las sospechas de corrupción y abuso dentro del Congreso persisten.
