El Tribunal Constitucional (TC) estaría próximo a emitir un fallo favorable al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, anulando su condena de cuatro años de prisión por negociación incompatible, según un informe del semanario Hildebrandt en sus trece. Esta decisión podría marcar un giro en la situación del prófugo político, quien lleva más de un año oculto de la justicia.
La condena de Cerrón se derivó de un presunto pago irregular de S/850,000 al “Consorcio Altiplano” en 2011, durante su gestión como gobernador de Junín. Además de inhabilitarlo para ejercer cargos públicos, esta sentencia frustró sus aspiraciones presidenciales en 2021, llevándolo a designar a Pedro Castillo como candidato de su partido.
Según el informe, tres magistrados del TC—Pedro Hernández Chávez, Helder Domínguez Haro y Francisco Morales Saravia—apoyan el habeas corpus de Cerrón. No obstante, el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse, quien inicialmente respaldaba el fallo, habría retirado su voto, dejando en suspenso la decisión final. Por otro lado, los magistrados Luz Pacheco, Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich se han manifestado en contra, evidenciando una fuerte polarización dentro del tribunal.
El contexto en el que se desarrolla esta posible sentencia está marcado por cuestionamientos a la imparcialidad del TC, acusado de responder a cálculos políticos más que a la Constitución. El propio proceso de designación de sus magistrados, respaldado por bancadas como Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso, generó críticas por su falta de debate en el Congreso.
Por otro lado, la figura de Cerrón sigue ligada a rumores de protección desde el gobierno actual. Un audio atribuido al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sugiere que Cerrón habría utilizado un vehículo presidencial para evadir un operativo policial, alimentando las sospechas de un posible encubrimiento por parte de la administración de Dina Boluarte.
De concretarse la anulación de su condena, Vladimir Cerrón podría retornar a la política activa, lo que reconfiguraría el panorama político peruano. Sin embargo, este desenlace también podría intensificar las críticas a las instituciones judiciales y la percepción de corrupción en los niveles más altos del poder.
La decisión del TC será crucial no solo para el futuro de Cerrón, sino también para la estabilidad y credibilidad de la justicia peruana.
