La presidenta Dina Boluarte ha declarado que su gobierno ha logrado reducir la pobreza en el Perú desde que asumió el cargo el 7 de diciembre de 2022; sin embargo, datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestran una realidad distinta.
La pobreza monetaria aumentó del 27.5% en 2022 al 29% en 2023, afectando a más de 9.7 millones de peruanos. Además, la pobreza extrema subió a 5.7%, superando incluso los niveles registrados durante la pandemia del COVID-19.
Durante la primera Reunión de Comando Policial 2025 (Recopol), Boluarte destacó logros como la reducción de la inflación del 7.5% al 2%, la reactivación de obras públicas y la organización del foro APEC 2024. Sin embargo, estos avances económicos no se reflejan en la mejora de las condiciones de vida de millones de peruanos.
Controversia por la difusión de datos
El gobierno fue criticado por presuntamente retrasar la publicación del informe de pobreza del INEI en mayo de 2024 para evitar el impacto de malas noticias. La congresista Susel Paredes señaló la falta de transparencia del Ejecutivo, acusando al gobierno de querer ocultar la realidad económica del país.
Además, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) implementó el Decreto Supremo N.º 014-2024-MIDIS, que modifica la metodología para medir la pobreza multidimensional. Esta decisión ha sido cuestionada por especialistas, quienes consideran que vulnera la autonomía del INEI y pone en riesgo la precisión de los indicadores oficiales.
Impacto de la pobreza multidimensional
Según cálculos de COMEX Perú, la pobreza multidimensional afectó al 33.2% de la población en 2023, lo que equivale a 11.3 millones de peruanos. Esta forma de pobreza incluye carencias en servicios esenciales como educación, salud, agua potable y saneamiento, mostrando un impacto más severo que la pobreza monetaria.
Desafíos para el gobierno
Las cifras oficiales contrastan con el discurso optimista de Boluarte y reflejan la necesidad de políticas públicas más efectivas para combatir la pobreza. La transparencia en la difusión de datos y el respeto a la autonomía de los organismos técnicos son fundamentales para recuperar la confianza ciudadana y enfrentar los desafíos económicos del país.
