El Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial una extensión de 18 meses adicionales para el plazo de prisión preventiva que enfrenta Betssy Chávez, exjefa del Gabinete Ministerial. Este pedido está relacionado con el proceso penal en su contra por su presunta implicación en el intento de golpe de Estado liderado por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, bajo la dirección del fiscal supremo Mario Chinchay Castillo, fundamentó la solicitud debido al próximo vencimiento del plazo inicial de prisión preventiva, que inició el 20 de junio de 2023 y concluyó el 19 de diciembre.
El requerimiento fue presentado ante el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien programó una audiencia virtual para el jueves 26 de diciembre a las 12:30 p. m. Las autoridades del penal Anexo de Mujeres en Chorrillos, donde Chávez permanece recluida, deberán garantizar su participación remota.
La fiscalía también ha solicitado una pena de 25 años de cárcel para Chávez, junto con su inhabilitación por dos años y seis meses para ejercer funciones públicas. La acusación la señala como presunta coautora del delito de rebelión, tipificado en el artículo 346 del Código Penal, en agravio del Estado.
El caso también incluye al expresidente Pedro Castillo, los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, y al exasesor Aníbal Torres.
Defensa de Betssy Chávez exige su libertad
Los abogados de Chávez han solicitado su liberación inmediata tras el vencimiento del plazo de prisión preventiva. Argumentaron que prolongar su detención es arbitrario y vulnera derechos fundamentales protegidos por la Constitución y tratados internacionales.
Los letrados Raúl Martín Noblecilla Olaechea, Luis Roberto Barranzuela Vite y César Augusto Romero Valdez presentaron un documento al juez Checkley Soria, exigiendo la excarcelación de su clienta. En su defensa, señalaron que cualquier privación de libertad más allá del plazo establecido constituye una medida inconstitucional y violatoria de derechos humanos.
El Poder Judicial ya rechazó un pedido similar
En septiembre, el juez Checkley negó un pedido de libertad presentado por Chávez, argumentando un alto riesgo de fuga. Según el fallo, Chávez intentó llegar a la embajada de México tras el golpe fallido del 7 de diciembre de 2022.
El magistrado dispuso que Chávez continúe en el penal de Chorrillos, mientras que su defensa calificó la prisión preventiva como desproporcionada y lesiva a la presunción de inocencia. No obstante, el intento de fuga fue determinante en la decisión judicial.
Estos hechos se enmarcan en el intento de Pedro Castillo por disolver el Congreso y gobernar mediante decretos, un acto que culminó con su destitución y arresto. Betssy Chávez, como presidenta del Consejo de Ministros en ese momento, es considerada una de las principales involucradas en estos acontecimientos.
