En medio de fuertes cuestionamientos, el Congreso retrocedió y aprobó restablecer la detención preliminar en casos de no flagrancia.
De esta forma, si el Gobierno de Dina Boluarte promulga la ley, los fiscales podrán volver a pedir este tipo de medidas y los jueces volverán a quedar facultados para ordenarlas.
La derogación de este aspecto de la Ley 32180, promulgada por el Ejecutivo el último miércoles luego de haber sido aprobada por el Parlamento a inicios de noviembre, fue uno de los últimos temas visto por el Pleno en su última sesión del año. El tema ingresó a debate a pasadas las 2:00 a.m. del sábado 14 de diciembre.
A esa hora, el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita, presentó un texto sustitutorio, originado a partir de un proyecto de ley de la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular).
Allí se restablecía en el Código Procesal Penal la facultad de los jueces para ordenar detenciones preliminares en casos en que no hay flagrancia, pero sí hay «elementos razonables» para considerar que un investigado cometió un delito, así como «indicios razonables» de que existe riesgo de fuga o de peligro de obstaculización de la justicia.
Sometido a votación, el texto se aprobó con 79 votos a favor y ocho en contra. La única bancada que se opuso fue la de Perú Libre, que incluyó dicha derogación en la norma que prohíbe la detención preliminar o prisión preventiva para policías que hagan uso de sus armas en el cumplimiento de su función.
